Gustavo Mendoza, uno de los afectados, relató que los exobreros son las personas que se acogieron al retiro voluntario en 1997, cuando la empresa estatal pasó a manos privadas. Explicó que cuando tomaron la determinación contrataron a un profesional abogado, de nombre Luis Molinas, para iniciar los trámites para el cobro de todos los haberes correspondientes, sea por salubridad y otras indemnizaciones.

Agregó que en ese entonces, el letrado firmó con los exempleados, unas 193 personas en total, un tipo de acuerdo por la regulación de sus honorarios en un 40% del monto total a cobrar.

Sin embargo, según dijo el exobrero, el abogado no tuvo los resultados esperados por los extrabajadores, razón por la cual varios decidieron cancelar sus servicios mediante un telegrama colacionado dirigido al abogado, en el 2006. Agregó que los ex-

obreros continuaron con sus gestiones por cuenta propia hasta que lograron firmar un acuerdo con el Estado paraguayo para el pago de sus indemnizaciones en cuotas anuales desde el 2008.

Indicó que este año debieron percibir la última cuota, pero grande fue la sorpresa cuando fueron alertados por funcionarios de Hacienda que hay una medida cautelar de embargo sobre sus remuneraciones por falta de cumplimiento de contrato de regulación de servicios de gestoría.

Los extrabajadores solicitan a la jueza Venialgo que revoque la medida cautelar para que puedan percibir los haberes que les corresponden.