A través de un comunicado a la ciudadanía, la entidad, a cargo de la viceministra Marta González Ayala, señala que en “el proceso de fiscalización de las personas físicas y jurídicas que presumiblemente tendrían vinculación con el caso de la megaevasión, ha detectado que, contrariamente a aquellos contribuyentes que rectificaron sus declaraciones juradas y pagaron los impuestos debidos, recargos y multas correspondientes, otros en cambio optaron por asumir una actitud tendiente a obstaculizar y/o dificultar los trabajos de fiscalización, procediendo a rectificar sus registros y declaraciones juradas, sustituyendo las facturas de contenido falso emitidas por los hoy imputados, por otras obtenidas de otros proveedores, pero de similares características, es decir, adulterando por segunda o tercera vez, sus registros contables”.
Añade que, “habiendo descubierto el modus operandi de estos contribuyentes y sus asesores, dispuso reforzar el control de los aspectos puntuales que constituyen objeto de estas maniobras, ampliando la fiscalización a los proveedores y terceros, con la consecuente dilación de la conclusión del caso”.