Al doctor Federico Franco le agrada presumir su honestidad; de ser cierta esta virtud, tiene motivos para sentir orgullo.
Una máxima de la antigua Roma dice: “La esposa del César no solo tiene que ser virtuosa, también debe aparentar”.
La virtud de la honestidad debe estar acompañada de hechos que exhiban públicamente la condición de persona proba.
El doctor Federico Franco no es la excepción; también cae en las reglas de “aparentar honestidad”.
Sostener en el cargo de titular de Petróleos Paraguayos al señor Sergio Escobar Amarilla no constituye precisamente una demostración pública de honestidad por parte del Presidente de la República.
Sergio Escobar Amarilla esta imputado por supuestos delitos ambientales.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, salvó a Sergio Escobar Amarilla de presentarse este miércoles ante el juez Rubén Riquelme,
Injerencia de la Fiscalía General del Estado
El 20 de febrero era la fecha marcada para presentarse acusación contra el titular de Petropar por supuesta comisión de “hecho punible de procesamiento ilícito de desechos e ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional”.
La investigación era responsabilidad del fiscal José Luis Casaccia, quien fue
traslado de la Unidad Especializada Ambiental a la fiscalía de Capiatá. El fiscal general del Estado lo envío a investigar robo de gallinas para evitar que presentara acusación contra el presidente de Petropar.
El fiscal general Javier Díaz Verón debió tener razones de peso para intervenir abiertamente en un caso donde la etapa de investigación concluyó y el fiscal ambiental tenía lista su acusación.
Sergio Escobar Amarilla primero acusó al fiscal Casaccia de intento de chantaje; ahora dice que Luis Morígino, director del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), pidió beneficios ilegales para el oviedismo.
Es decir, no intenta demostrar su inocencia en los estrados correspondientes, sino más bien sembrar dudas sobre los acusadores.
El 20 de febrero tenía una magnífica oportunidad para exhibir ante el juez Rubén Riquelme las pruebas de su inocencia.
Antes que eso, la fiscala ambiental Sara Torres, reemplazante de Casaccia, optó por pedir una prórroga de seis meses en su investigación. Esto significa que Sergio Escobar Amarilla llegará sin contratiempos a agosto de 2013 para luego perderse en la nebulosa de cuestionados funcionarios cuyos nombres se olvidan luego de abandonar cargos.
No está preocupado por su inocencia, sino por evitar investigaciones que puedan demostrar culpabilidad.
Y aquí surge de nuevo el nombre del doctor Federico Franco: si es honesto como dice, ¿por qué no demuestra con actos públicos que es un político probo?
Se acusa a Sergio Escobar Amarilla de comercialización de gasoíl con una alta concentración de azufre, un producto cancerígeno que pone en peligro a la ciudadanía.
Complicidad política
La agente fiscal Alba Delvalle inició en octubre del año pasado una investigación al presidente de Petropar, por supuesto daño de 800.000 dólares al patrimonio del ente petrolero.
La fiscala Delvalle hasta ahora no resuelve si imputa o no a Sergio Escobar. Se limita a señalar que “está estudiando los documentos”.
Es probable que Delvalle no quiera correr la misma suerte del fiscal José Luis Casaccia, quien imputó a Sergio Escobar y tuvo como castigo del fiscal general del Estado su traslado a la unidad penal de Capiatá.
Existe un manto de complicidad política para sostener en el cargo a Sergio Escobar Amarilla.