La Cámara de Senadores viene posponiendo desde hace varias semanas el estudio del proyecto de ley que otorga la concesión de unas 500.000 hectáreas del Chaco, el bloque denominado Boquerón, a la empresa petrolera Riviera SA.
Entre las causas de la postergación está el lobby que hace la empresa CDS Energy SA, hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva si tiene o no derecho a que se le beneficie con la suspensión del plazo del contrato que la empresa tenía años atrás para hacer trabajos de exploración en el mismo bloque.
Resulta que CDS, cuyo principal accionista es Joseph Goldstein, recurrió al Tribunal de Cuentas la notificación que el Viceministerio de Minas y Energía le hizo, comunicándole la extinción del contrato por el mero transcurso del plazo, sin que se hiciera un solo trabajo de exploración, como reza claramente la Ley de Hidrocarburos en su artículo 66.
Además, y según explicó el abogado de la firma Juan Sosa Bareiro, la empresa cuestiona que mientras el Viceministerio de Minas y Energía le exigía el cumplimiento del contrato, la Secretaría del Ambiente no le renovaba la licencia ambiental.
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Cabe destacar que la empresa acudió al tribunal de cuentas un año después de que se produjera la extinción de su contrato con el MOPC.
Condenada en otro juicio
En una sentencia del 18 de febrero de este año, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de Asunción, Secretaría 1, hizo lugar a una demanda de resolución de contrato por incumplimiento en contra CDS Energy, promovida por Primo Cano SA, empresa nacional que se dedica a la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos.
Según los términos del contrato, Primo Cano y CDS convinieron en celebrar un contrato de empresa conjunta (Joint Venture) en la cual CDS debía encargarse de continuar con la exploración y explotación de hidrocarburos en un área de concesión a la parte demandante.
Al contestar la demanda CDS alegó fuerza mayor, porque la Seam le había suspendido la licencia ambiental, una situación que según el juez que entendió en esta causa, es imputable a su accionar y que de ninguna manera puede considerársela “fuerza mayor”, como ahora alega CDS en un juicio contra el Estado.