Para la fiscalía, la decisión administrativa en este caso es fundamental. El Código Aduanero establece la prejudicialidad, es decir, la Justicia se sujeta en primer término a una decisión administrativa, que en este caso corresponde a Aduanas. La calificación del hecho condiciona una investigación en el ámbito penal.

En ese sentido, la fiscala Gubetich envió ayer un oficio a las autoridades de la entidad aduanera, a través del cual los hace responsables de los destinos de este cargamento.

Conforme a los datos que se manejan, el agrotóxico aún se encuentra en nuestro país. Técnicos consultados por este diario temen que la mercadería sea supuestamente reexportada, pero termine finalmente en territorio paraguayo.