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El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, observó ayer el inventario de los documentos acompañado por el fiscal adjunto de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, y del director de Gabinete, fiscal Roberto Zacarías.
Díaz Verón dijo que es una investigación compleja porque la delincuencia se organiza para transgredir leyes y ante esta situación, se deben extremar recursos para llegar a los responsables de este grave hecho.
Apuntó que los trabajos encarados deberán necesariamente ser traducidos en evidencias para ser utilizadas en un eventual juicio oral y público para aplicar la pena a los responsables.
Los expertos de la Fiscalía, acompañados por técnicos de Tributación, están encargados del inventario de todo lo incautado de domicilios particulares, empresas gráficas y estudios contables allanados los días 4 y 5 del corriente.
Además, en el laboratorio forense de la Fiscalía se realizan las copias de los soportes informáticos incautados, con notificación y participación de los representantes y abogados de las distintas personas físicas y jurídicas que han sido objeto de esta diligencia.
En los procedimientos, los fiscales incautaron una gran cantidad de facturas y otros documentos con incidencia fiscal, así también varias computadoras.
De acuerdo con los datos preliminares manejados, en este nuevo caso se identificó el mismo esquema de evasión que el registrado el año pasado, tales como producción de documentos no auténticos para aumentar costos y gastos de los contribuyentes, a fin de pagar menos impuestos.
Las facturas presumiblemente de contenido falso fueron utilizadas por 149 empresas, entre pequeñas, medianas y grandes, de acuerdo a los datos de la SET.
El monto preliminar de estos comprobantes asciende a 130.000 millones de guaraníes (US$ 25,2 millones al cambio de vigente), que según los primeros cálculos podrían arrojar una evasión de 50.000 millones de guaraníes (US$ 9,7 millones).
Se estima que son 23 las empresas proveedoras de facturas falsas y que 42 personas físicas y jurídicas, habrían sido inscriptas en forma irregular en el registro único de contribuyentes (RUC) de la SET para emitir facturas, o sus facturas fueron clonadas.
La Fiscalía presentará la imputación contra los presuntos involucrados una vez que termine el inventario de los documentos.