Esta situación fue reconocida por el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Brusquetti, durante un almuerzo de trabajo en el que puso a consideración los antecedentes del caso y la necesidad de que el Estado pague las deudas reclamadas por las verificadoras, para limpiar la imagen del país.
El Gobierno, mediante un proceso de mediación, acordó el pasado jueves con Bivac (Bureau Veritas, Inspection, Valuation, Assessment and Control) abonar la suma de 21,5 millones de dólares, de los 76 millones de dólares que demanda la empresa.
En tanto, el mismo proceso de negociación iniciará con la firma SGS (Société Générale de Surveillance SA) considerando que reclama más de 58 millones de dólares.
Bivac y SGS fueron contratadas en 1996, mediante decreto firmado por el entonces presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, y su ministro de Hacienda, Orlando Bareiro, siendo director de Aduanas Rubén Fadlala.
El contrato fue formalizado posteriormente por el sustituto de Bareiro, Carlos Alberto Facetti.
Las citadas firmas debían realizar la inspección preembarque en origen de las mercaderías que tenían destino Paraguay, y por dicho servicio cobraban 1,3% sobre los tributos cobrados a las mercaderías ingresadas al país, según los antecedentes.
En 1999, sin embargo, tras asumir la presidencia Raúl Cubas Grau, y como ministro de Hacienda Gerardo Doll, rescinden los contratos con estas empresas y estas reclaman el pago de supuestas facturas pendientes por más de 61 millones de dólares.
Luego de la renuncia de Cubas Grau asume como presidente de la República Luis González Macchi, y como ministro de Hacienda, Federico Zayas.
Zayas, cuando fue consultado sobre este punto, declaró que para el gobierno era ilegal la deuda contraída por la administración Wasmosy, porque no hubo autorización del Congreso y la Contraloría se expidió en contra de la firma del contrato (ver facsímil de la publicación de ABC Color).
El gobierno de Nicanor Duarte Frutos, con Dionisio Borda como ministro de Hacienda, también se negó a pagar argumentando que habían serias dudas sobre su legitimidad. Posteriormente, asumió Fernando Lugo y tampoco realizó ningún trámite al respecto.
Tras la destitución de Lugo, asumió Federico Franco, y como ministro de Hacienda, Ferreira Brusquetti, quienes se muestran a favor del pago de las deudas reclamadas por SGS y Bivac, así como el de Gustavo Gramont Berres.
Emitirán bonos
Para pagar a Bivac, y eventualmente a SGS, si se llega también a un acuerdo, el Gobierno presentará al Parlamento un proyecto de ley para emitir bonos del Tesoro con 10 años de plazo. El gobierno electo, de Horacio Cartes, está a favor de esta operación, según dijo Germán Rojas, uno de los principales referentes del equipo de transición y candidato a ministro de Hacienda.