Julio Fernández asumió ayer y no eludió responder sobre sospechosos de corrupción en la institución. Dijo que identificaron a 127 funcionarios con activos muy superiores a los que justificarían sus ingresos. Señaló que no les darán cargos de confianza, pero que no los separarán hasta estudiar caso por caso. Anunció que pedirán declaraciones voluntarias de bienes, y quienes no cumplan entrarán en “canal rojo”.