Doce personas, entre directivos y funcionarios de la Coop. Gral. Artigas de esta localidad itapuense, fueron notificadas por el agente fiscal para prestar declaración testifical en los casos de estafa y vaciamiento en la entidad solidaria, que afecta a unos 500 asociados de General Artigas, San Pedro del Paraná y Leandro Oviedo.

Las entrevistas concluirán el miércoles de la próxima semana y a partir de ahí darán a conocer las imputaciones en cada caso, de acuerdo con el grado de responsabilidad de los directivos de la entidad que está en proceso de cierre, explicó Guerrero.

Añadió que pese a las dificultades que tuvieron para armar el caso, tienen elementos para la imputación de los responsables, en este caso de administradores de la cooperativa y cómplices.

En el momento en que se inició la investigación, los dirigentes que estaban al frente de la Cooperativa eran Máximo Arámbulo, en el Consejo de Administración, y Gloria de Paniagua en la Junta de Vigilancia.

“Aquí no existen dudas de que hay responsabilidad penal desde el vamos”, dijo.

Si bien los dirigentes de la cooperativa sostienen que el gerente Ramón Acuña (fallecido) es el único responsable del vaciamiento de la cooperativa, el fiscal explicó que no pueden eludir su responsabilidad como administradores de la entidad. Explicó que los responsables de estos hechos se exponen a 5 y hasta a 10 años de cárcel.

El caso cobró notoriedad en octubre de 2014 con el suicidio del gerente Ramón Acuña. Luego de este hecho comenzaron los problemas de liquidez, las demandas de acreedores y de socios por pagarés y contratos de ahorro adulterados.

Ahora el municipio de esa localidad se declaró en estado de “emergencia social”, aparentemente con la intención de que el Estado compense a los socios, porque hasta hoy las cooperativas no cuentan con un fondo de protección de ahorros.