Indemnizaciones generan atrasos en casi todas las obras públicas

En el proyecto de rehabilitación de la Ruta VIII, que está en manos de la empresa coreana Ilsung desde el año pasado, se pagó apenas un 10% de las indemnizaciones previstas. En cuanto al metrobús, el buque insignia del plan maestro de transporte, las obras civiles ya están siendo licitadas, pero el Ministerio sigue sin saber a cuánta gente habrá que indemnizar.

Supuestamente está en marcha un estudio de catastro que arrojará la cantidad exacta de afectados por el proyecto.

Al respecto, el viceministro de Obras, Juan Manuel Cano, confirmó que los problemas en el componente indemnizaciones son recurrentes en las obras públicas y reconoció que la metodología según la cual los proyectos se licitan, y recién después se comienza a negociar con las familias es totalmente ineficaz.

Otro de los ejemplos más recientes de esta manera de actuar del MOPC es la demora registrada en la autopista Ñu Guasu, en la que un solo propietario atrasó por meses la construcción de uno de los túneles.

Rutas II y VII, solo con “precatastro”

La licitación para el ensanche de las Rutas II y VII, bajo el esquema de Alianza Público-Privada (APP), está en marcha y, según lo que informaron, se hizo con apenas un “precatastro”. El trabajo permitió conocer que hay aproximadamente 1.800 terrenos a lo largo de ambas rutas, a cuyos propietarios habrá que indemnizar. No obstante, el estudio no es concluyente y la cifra está expuesta a modificaciones, tal como sucedió históricamente en todos los proyectos de la cartera.

En ese sentido, el viceministro de Obras dijo que aunque la mayoría de los proyectos tienen el mismo problema, casi todos fueron licitados con la vieja metodología a la quieren hacer modificaciones.

“Todos esos procesos (los mencionados) fueron iniciados con anterioridad y hubo que continuar en la misma línea”, agregó.

Otra obra emblemática, que debe comenzar el próximo año y que ya fue adjudicada, es la Costanera II en la que desconocen la cantidad de personas que deben indemnizar.

La obra tiene 11 kilómetros y el objetivo es que bordee Asunción a través de la bahía hasta conectarse con Ñu Guasu.

Como en todos los casos el consorcio ganador, que en este caso es Roggio-CDD (Emilio Gill y César Daniel Delgado) incluyó en su oferta un monto que debe ser destinado a las indemnizaciones, a pesar de que desconocen el monto real.