El Indert efectuó acciones en favor de ciudadanos de origen oriental que ofrecen un precio de G. 120 millones por lotes de 4.000 hectáreas en Bahía Negra (Alto Paraguay). En este caso están en juego tres lotes. Es decir que, de concretarse la operación, ingresarían a la institución apenas G. 360 millones por 12.000 hectáreas.
En contrapartida, se está dejando de lado un acuerdo judicial previo que el ente firmó con otros recurrentes, ocupantes y poseedores, a quienes fijó un pago, por las mismas tierras, de G. 1.900 millones por lote (G. 5.700 millones en total).
En diálogo con nuestro diario, el representante legal de los compatriotas afectados, Abog. José Prieto, aseguró que existen varios instrumentos públicos, actuaciones judiciales y administrativas que acreditan el derecho de sus representados sobre las propiedades en disputa, al hallarse en posesión de las mismas. Se trata de Anselmo Benítez González, Ide Joel González y Alfredo González Ramírez.
En contrapartida, los nuevos interesados en las tierras, Jonnhy Chen Kuo, Evelyn Pein Chim Kuo y Blanca Mabel Gamarra, no viven ni trabajan las tierras, según los datos, pero recurrieron a maniobras judiciales para tratar de quedarse con los lotes.
Así, las citadas personas iniciaron un juicio de pago por consignación y de cumplimiento de resolución judicial contra el Indert, en el que ofrecieron pagar la suma de G. 120 millones por lote. En lugar de accionar judicialmente contra esta pretensión, ya que los interesados no son sujetos de la reforma agraria, y además tiene la otra oferta de G. 1.900 millones por lote, el instituto rural se allanó en el juicio, dejando el camino libre a Chen Kuo, Pein Chim Kuo y Gamarra.
Al respecto, un dictamen de la Procuraduría General de la República, presentado en el marco del proceso en cuestión, señala que esta institución “deslinda responsabilidades en relación a las actitudes procesales asumidas por la demandada Indert”, y hasta sostiene que el pedido de los orientales es improcedente y que todo el procedimiento está viciado de nulidad (ver facsímil).
“Resulta más que sospechosa la actuación del Indert, al allanarse a las acciones judiciales presentadas por estas personas de origen oriental, dejando vía libre para el perjuicio patrimonial, que ya se hubiera consumado de no ser por la oportuna intervención de la Procuraduría, que ha dejado expresa constancia de que no será partícipe de un perjuicio patrimonial que pudiera ocasionar la actitud complaciente asumida por el Indert”, dijo Prieto. Añadió que ha intentado tener una respuesta del presidente del ente, Justo Cárdenas, pero este cortó toda comunicación con él y sus representados.