Indert niega maniobra sobre tierras del Chaco, pero no aclara denuncias

A través de una carta dirigida al director de este diario, Cárdenas trató de demeritar las publicaciones sobre las denuncias de 13 compatriotas que viven en la colonia Mayor Pablo Lagerenza, distrito Bahía Negra (Alto Paraguay). Sin embargo, en su misiva se ocupó más de lanzar improperios contra ABC que de aclarar los cuestionamientos sobre su gestión.

No responde, por ejemplo, por qué el ente habla de la “recuperación” de unos G. 24.000 millones que estos 13 paraguayos deberán pagar por sus lotes, sabiendo que existe el riesgo de no cobrar la suma total por causas atribuibles a la administración del ente, que se rehúsa a firmar un necesario acuerdo con los involucrados.

Según explicó el Abog. José Prieto, representante de los ocupantes del Chaco, si el ente no firma dicho acuerdo solo podrá reclamar unos G. 15.400 millones fijados por vía judicial y que se deben pagar en tres años. La institución no tendrá derecho una vez vencido ese plazo para percibir un sobreprecio de G. 8.600 millones, cuyo pago fue acordado entre las partes para el cuarto año, previa firma de un documento de compromiso.

Riesgo patrimonial

“El acuerdo es para precautelar los intereses del Indert después del plazo fijado judicialmente. Pero llamativamente, no están queriendo firmar el documento, lo que pone en riesgo el patrimonio institucional”, subrayó. Dijo que esto sería para despojar a sus clientes de al menos tres de los 13 lotes en cuestión, que aún no están con título definitivo.

Sobre estas denuncias, Cárdenas no mencionó una sola palabra y se limitó a explicar que el monto “recuperado” en favor del Indert fue en el marco de la denuncia penal por lesión de confianza y otros delitos presentada por la actual administración contra el expresidente Luis Ortigoza y otros involucrados.

“Este caso, sin duda, marca un hito dentro de la institución en cuanto a la recuperación en términos monetarios sobre la venta de tierras en el Chaco a G. 30.000 la hectárea, a 13 beneficiarios por parte de la administración de Ortigoza, en la que el juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor, en audiencia preliminar, resolvió el pago al Indert de la suma de G. 24.700 millones, como reparación de los daños ocasionados a la institución”, dice la misiva.

Agrega que el instituto ha percibido a la fecha “la suma de G. 6.893.477.500 y el saldo de G. 17.806.522.500, el juzgado había determinado que sea cancelado en 48 meses, que los beneficiarios están cumpliendo en pagos semestrales”. Al respecto, Prieto insistió en que sus mandantes solo adeudan unos G. 13.000 millones y que para poder completar los G. 24.000 millones (que implica abonar unos G. 1.900 millones por lote), se necesita el acuerdo.

Según el abogado, la aparente intención de Cárdenas es beneficiar a tres solicitantes que pretenden las mismas tierras ubicadas en Lagerenza, que son Jonnhy Chen Kuo, Evelyn Pein Chim Kuo y Blanca Mabel Gamarra, que ofrecieron abonar apenas G. 120 millones por lote en el marco de un juicio de pago por consignación y de cumplimiento de resolución judicial contra el ente, en el que el Indert simplemente se allanó. Los solicitantes, según los datos, no son beneficiarios de la reforma agraria, no ocupan ni poseen las propiedades en cuestión y, además, la Procuraduría se llegó a expedir contra sus pretensiones.