El juez Gustavo Amarilla ordenó a los nueve sindicatos que garanticen los servicios básicos para que todos los aeropuertos del país puedan seguir funcionando los días de la huelga. El magistrado incluso autorizó al titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) a contratar sustitutos en caso de que los funcionarios de huelga se nieguen a trabajar.
Amarilla dispuso la medida de urgencia ante los amparos promovidos por la Dinac y la Procuraduría General del República, que con la acción judicial pretenden que los aeropuertos no queden paralizados durante la huelga prevista por los sindicatos, que en la tarde de ayer fueron notificados de la decisión del magistrado.
Pidieron postergación por 10 días
El presidente de la Dinac, Luis Aguirre, informó que en el marco de las negociaciones solicitaron al Ministerio de Justicia y Trabajo la postergación por 10 días de la huelga cuyo arranque está marcado para las 00:00 de mañana miércoles.
La confirmación se tendrá hoy, aunque los sindicatos ya adelantaron que no opondrán resistencia al pedido. El viernes de la semana pasada habían comunicado al ministerio la decisión de declararse en huelga desde el 19 y por el lapso de 10 días, y en esa oportunidad el ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, les adelantó que la medida de fuerza sería declarada ilegal, por afectar servicios imprescindibles, que es el caso de la aviación.
Salario de Primer Mundo y demás pedidos
El principal pedido tiene relación con una recategorización de 500% para 20 controladores aéreos, que actualmente perciben entre US$ 500 y 600 como remuneración. Los sindicalistas dicen que en otros países los controladores ganan hasta US$ 4.500 dólares, por lo que solicitan que los 20 funcionarios pasen a cobrar US$ 2.500.
Para financiar el aumento y el cumplimiento de bonificaciones previstas en el contrato colectivo, pero que según los gremialistas no se cumplen en la realidad, los funcionarios piden utilizar el aporte intergubernamental de G. 14.000 millones que transfiere anualmente la Dinac a Hacienda.
Los sindicalistas además se oponen a la posible implementación de un esquema de alianza público privada como mecanismo para financiar la ampliación de cualquiera de los aeropuertos.