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Una fuente de la entidad señaló a este diario que la tendencia es que las menores ofertas sean adjudicadas, a no ser que se detecten o se verifiquen “graves irregularidades” o el oferente haya proporcionado informaciones falsas. Indicó que hasta ahora no se ha verificado nada en contra de lo indicado en el pliego de bases y condiciones y que, a pesar de los rumores, los que valen son los documentos.
Publicaciones internacionales dan cuenta de que en su último balance, Astaldi (que lidera el consorcio conformado también por la empresa argentina Rovella Carranza y la paraguaya Tecnoedil) posee un pasivo corriente de US$ 3,4 billones, que entre los años 2016 y 2017 aumentó 30%. Según información disponible en Internet, el total de deudas hace dos años ascendía a US$ 5,4 billones. De hecho, la firma ha reconocido que ha reestructurado recientemente un pasivo de US$ 2,3 billones.
El 11 de marzo pasado, en la licitación para obras civiles de Aña Cua, el consorcio presentó una oferta económica de US$ 193.241.731, que frente al precio de referencia de US$ 360.000.000, proyectado durante el Gobierno de Horacio Cartes, representa una reducción de nada menos que US$ 166.758.269.
Por otra parte, el pasado 30 de enero se realizó la primera apertura de ofertas de LPI N° 669, para suministro de turbinas y generadores. En la ocasión, el consorcio Ara Vera (IMPSA SA, CIE, Power China) presentó una oferta de US$ 116.379.881, mientras que la propuesta de la alemana Voith Hydro (virtual ganadora) fue de US$ 99.689.577.
Cuestionamientos
El proyecto Aña Cua ha recibido duras críticas, especialmente porque estaría fundado en una “falsa justificación”, de que en una década, más o menos, el país podría estar entrando en una crisis energética. Especialistas del sector coinciden en que el déficit para nuestro país más bien se ha dado por el lado de la distribución y no de la generación.
Por ejemplo, en Itaipú al Paraguay le corresponden, por Tratado, 7.000 MW año (en realidad alrededor de 6.300 MW), en Yacyretá 1.550 MW y 210 MW en Acaray. De estos 8.760 MW, los picos de carga que tuvo la ANDE en enero pasado rondaron los 3.000 MW. La gran pregunta que surge es si con el actual ritmo de crecimiento del país, ¿diez años serían suficientes para consumir los 5.760 MW restantes?