Uno de los representantes de los 10.000 campesinos afectados, donatarios de hecho y de derecho, Víctor Caballero, afirmó que siguen esperando la regularización de las tierras de Barbero Cue, no sólo con la transferencia efectiva del inmueble (inscripción a nombre del Estado y luego el traspaso a los labriegos), sino además que se le aclare qué ocurrió en Catastro.
Es que hasta hace dos meses, las tierras correspondían a la Finca Nº 231, Padrón Nº 682, propiedad del Gobierno italiano (ver infografía); pero ese padrón ahora aparece como inexistente al buscar los datos en Catastro y, en su lugar, en la zona aparecen otros dos números, el N° 5802 y el N° 2614.
De acuerdo con los registros oficiales, el Padrón Nº 5802 corresponde actualmente a 13.626 ha, y el N° 2614 es un desprendimiento de apenas 463 ha. Hasta ahí, en total solo hay 14.089 hectáreas, en tanto que las 3.254 ha restantes fueron directamente eliminadas.
Según la explicación dada por la escribana que asesora a los campesinos, lo que hicieron en Catastro fue anular el padrón original, modificar la propiedad en dos distritos, San Pedro y Nueva Germania, poniendo un área de superficie en un lugar y la otra superficie en un sitio diferente.
Para Caballero y los demás labriegos, “el derecho campesino fue abiertamente menoscabado”, teniendo en cuenta que si bien se trata de una propiedad privada, la misma fue donada al Estado paraguayo para los 10.000 campesinos asentados desde hace décadas en el lugar y que esta donación fue dispuesta y ratificada por medio de un Acuerdo Internacional, Ley N° 4732/12, que hasta hoy no fue cumplida.
Sobre todo, teniendo en cuenta que un padrón no puede ser modificado de oficio por un director ni por funcionarios del Servicio Nacional de Catastro. De acuerdo con los datos, el único que puede pedir cambio es el dueño del inmueble, cuando hay una distritación que enmarque la mayor superficie territorial en el nuevo distrito, lo cual no ocurrió en este caso.
De hecho, el límite natural del distrito de San Pedro ha sido siempre el Río Aguaraymí, por lo que no se justifica un cambio de distrito.
Según la explicación jurídica, los ocupantes de hecho no son bajo ningún concepto “campesinos sin tierra”, sino que son donatarios, y por lo tanto tienen derechos adquiridos. Pero sí se puede decir que son “campesinos sin ubicación”, porque los 10.000 compatriotas (1.500 familias) fueron desalojados de gran parte del inmueble donado y se les ubicó en una pequeña área ubicada en el medio de las tierras, por orden del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Para los labriegos, lo más urgente ahora es destrabar la mensura del inmueble, señaló Caballero, pero hasta hoy esta medición sigue siendo trabada por el propio Indert, así como por poderosos empresarios sojeros colindantes, apuntó.
Proceso pendiente
Según el artículo 700 del Código Civil, para que la donación de Italia pueda ser registrada a nombre del Estado paraguayo y luego a nombre de los campesinos, previamente tiene que realizarse una escritura pública. Para ello, el Gobierno italiano debe nombrar un plenipotenciario que venga a Paraguay con un poder especial a realizar las gestiones.
Posteriomente, se realizan las legalizaciones en nuestro país, a través de la Corte Suprema, el Ministerio de Hacienda, Relaciones Exteriores y la Embajada de Italia, a los efectos de incluir en el Registro de Poderes ese mandato, para finalmente confeccionar la escritura pública. Ese es el documento que hasta hoy todavía no existe.