La ley de activación de telefonía se sancionó sin visto bueno de Conatel

Para sancionar la ley de activación de telefonía celular, el Congreso ni siquiera llegó a un consenso con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sobre la redacción final del proyecto. La presidenta del ente, Teresita Palacios, dijo que estudiarán si se pide el veto del Ejecutivo.

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No pocas veces Conatel es la última en saber que el Legislativo está preparando una ley que afecta al sector de las telecomunicaciones, según admitió ayer Palacios en entrevista con ABC Color. “Lo peor de todo es que somos los que debemos tratar de reglamentar la ley”, acotó al referirse a la importancia de impulsar proyectos acordados con el ente.

El lunes último, la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay se expidió en contra del proyecto recientemente sancionado en el Congreso, que cambia las condiciones de activación de nuevas líneas y que obligaría además, en el caso de su promulgación, a que los usuarios que ya tienen teléfonos celulares vuelvan a registrar sus líneas. A través de un comunicado, el gremio recordó a los legisladores que la reglamentación de las condiciones de contratación en este sector es potestad de la Conatel, “que conforme a la Ley 642/95 de Telecomunicaciones es el organismo regulatorio especializado en la materia”.

Precisamente, la presidenta del ente coincidió con los términos de ese comunicado de las empresas (Claro, Vox, Tigo y Personal), pues el proyecto de ley pretende medidas que en ninguna parte del mundo se aplican. Por ejemplo, que los requisitos para la activación de líneas (nuevas o existentes) incluyan la impresión de la huella dactilar del usuario y que la empresa de telefonía se encargue de cotejar si los datos sobre cada cliente son fidedignos, so pena de multas en caso de incumplimiento.

“En otros países existe mucha facilidad de compra”, resaltó Palacios y reiteró que ella está de acuerdo con lo planteado por las firmas de telefonía, sobre todo en lo que respecta al peligro de que miles de compatriotas queden sin empleo, pues al obligar a las empresas a verificar los datos de los usuarios antes de las activaciones de líneas, los 30.000 puntos de venta existentes hoy terminarían cerrándose, al no poder cumplir con esa obligación. Solo las casas matrices y sucursales de cada compañía podría cumplir, pero implicaría semanas de tiempo, lo cual complicaría una activación que hoy es automática. Subrayó que cuando el proyecto de ley tuvo media sanción en cámara de Diputados, fue una versión muy criticada por las operadoras del sector, pero los cuestionamientos aumentaron en la versión Senado, que fue finalmente la sancionada.

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