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En enero de 2017 la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría de gestión del expediente que involucraba al productor Marino Raiter.
En ese momento la presidencia de la Corte estaba ocupada por la ministra Alicia Pucheta de Correa.
La auditoría tuvo lugar y la unidad de Auditoría de Gestión Inmediata verificó documentos manejados por las juezas Julia Alonso y Victoriana Cáceres.
Julia Alonso es titular del juzgado en lo civil y comercial del 5to. turno de Asunción; Victoriana Cáceres ocupa el juzgado civil y comercial del 3er. turno de Ciudad del Este.
El resultado de la auditoría es el secreto mejor guardado de la Corte Suprema de Justicia: la ministra Alicia Pucheta de Correa nunca entregó el resultado de la investigación para evitar que tomara estado público.
Tanto la jueza Alonso como Cáceres tomaron intervención en un caso en el cual estaban directamente involucrados Óscar González Daher y su esposa, la escribana Nélida Chávez.
Víctimas de extorsión
El productor Marino Raiter, radicado en Santa Rita, Alto Paraná, fue demandado por el Grupo Favero por una supuesta deuda de 23 millones de dólares.
La firma de Marino Raiter y su esposa fueron falsificadas según confirmó el Ministerio Público.
Los documentos falsos fueron utilizados por el Grupo Favero para montar un esquema de extorsión donde habrían sido cómplices las juezas Julia Alonso y Victoriana Cáceres.
Ambas fueron denunciadas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pero nunca se inició una investigación.
La Corte Suprema realizó una auditoría de gestión y este es el momento en que el informe de la pericia sigue oculto.
El resultado es fácil de suponer: ambas juezas habrían actuado bajo las órdenes de González Daher para extorsionar a Raiter, de allí la protección que tienen hasta el día de hoy.
Integrantes del Jurado
Raúl Torres Kirmser y Gladys Bareiro de Módica integran el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tienen conocimiento de las denuncias que pesan contra ambas juezas y como miembros de la Corte Suprema tuvieron acceso al resultado de la auditoría de gestión.
El silencio que mantienen, la vergonzosa inacción que demuestran, permiten tender un manto de impunidad sobre jueces que no administran justicia sino más bien intereses que van en contra de las leyes.
El caso de Gladys Bareiro de Módica es peor: es superintendente de la circunscripción de Alto Paraná y conoce muy bien las andanzas de Victoriana Cáceres pero mantiene la boca cerrada... ¿casualidad?
roque@abc.com.py