La “nueva” administración arranca limitando preguntas

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El “eterno” responsable de la Dirección de Comunicaciones de Petropar (el cargo tiene rango gerencial), Victorio Suárez, quien en la práctica ejerce escasas funciones en la estatal, pero posee un salario cercano a los G. 20 millones, interrumpió las consultas periodísticas hechas en la asunción al cargo del nuevo presidente de Petropar cuando estas no eran del agrado del nuevo ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite.

En pleno acto, que tuvo lugar el viernes último en las oficinas céntricas de la petrolera y para congraciarse con sus “nuevos jefes”, unilateralmente procedió a limitar “a tres” las requisitorias periodísticas, “llevando en cuenta que están asumiendo el cargo”, argumentó Suárez.

El ministro Leite agregó que estaba “de acuerdo con las tres preguntas” porque “de hecho no se trataba de una conferencia de prensa”. Llama la atención que tanto el ministro Leite como el nuevo presidente de Petropar no hayan al menos ensayado alguna idea vaga sobre lo que pretenden hacer en Petropar, considerando que hace casi dos meses que venían trabajando con el equipo de transición, incluso haciendo oficina en la petrolera.

El ministro Leite tampoco se tendría que molestar por las requisitorias periodísticas cuando estas no le agradan, porque de hecho tendrá que convivir con ellas, ya que así se fundamenta un estado de derecho, con el libre ejercicio de la prensa y de la libertad de expresión en favor de la ciudadanía a la que se deben. Tampoco la soberbia y la petulancia que de entrada evidenció el nuevo ministro son buenas consejeras en el servicio a la gente para el cual se comprometió.

Escriba de cartas

El último trabajo que se le conoce al director de comunicaciones de Petropar, Victorio Suárez, es su participación en la redacción de las numerosas cartas enviadas por su anterior jefe, el expresidente de la petrolera estatal, Sergio Escobar, en su intento por seguir mintiendo a la ciudadanía sobre el “gasoíl cancerígeno”, así como los numerosos hechos de corrupción que se les fueron descubiertos y que fueron coincidentemente confirmados por varios informes oficiales de control, como ser la Contraloría y la propia Auditoría del Poder Ejecutivo.