Al respecto, Ferrán Tarradellas opinó que este es un modelo antiguo que existía en la mayoría de los países europeos anteriormente, aunque admitió que, en algunos donde funciona bien este sistema aún lo aplican, pues en definitiva, depende de cada país.
En el caso de España, explicó que ellos optaron por la liberalización del sistema puesto que percibieron que al haber más empresas en el sector, también habría más competencia y en general, los precios serían más bajos. En Francia, por ejemplo, sigue existiendo una empresa estatal de electricidad y otra de gas. “Es un modelo que les ha funcionado bien y quieren conservarlo. Lo que nosotros les hemos dicho es que está bien que haya dos empresas públicas de energía, pero el consumidor francés también debe tener derecho a que si no le gusta la empresa pública de electricidad pueda comprarla de Alemania o de otra empresa francesa que no sea pública. Eso es lo que ha decidido la Unión Europea”, indicó el experto.
Lo más importante es que el consumidor sea beneficiado, insistió. “En la legislación europea hay una serie de derechos de los consumidores que están garantizados y unas obligaciones de servicio público que se impone a las empresas privadas o públicas que proveen la energía. También hay incentivos a la inversión necesaria en redes. El que la red sea pública o privada en la Unión Europea en principio no es algo que interese, lo que si está claro es que sea pública o privada, la red debe estar regulada”, apuntó.