En la licitación para la operación de los 11 puestos de pesaje hay un solo oferente, el consorcio formado por las empresas Tecnoedil (paraguaya) y Ciemsa (Uruguay). La presentación de esta única oferta responde a los cambios de última hora en el pliego de bases y condiciones, un modus operandi que se viene repitiendo en los llamados más importantes de esta administración, encabezada por el ministro Ramón Jiménez Gaona.

Como si esto fuera poco, la oferta presentada por Ciemsa-Tecnoedil –agrupadas en un consorcio denominado WIM Paraguay– duplica el monto de contratación estimado por el MOPC y que consta en la web de Contrataciones Públicas. La única oferta está actualmente en etapa de evaluación, pero se adjudicaría en breve, según informes.

Sobre el tema intentamos hablar ayer con la viceministra de Administración y Finanzas, Marta Benítez, para tener las explicaciones del MOPC sobre esta situación, pero no respondió las llamadas a su celular, con terminación 012.

El MOPC también gestiona la entrega de la explotación de los puestos de peaje a un operador privado, después de haber hecho una inversión de 14 millones de dólares en su equipamiento.

¿Quiénes están detrás?

La empresa Tecnoedil, una de las que forma parte del consorcio es presidida por Roque Ardissone, pero está en su directorio el Ing. Paul Sarubbi, quien a su vez es un político colorado.

Los cambios de último momento en el pliego de bases y condiciones, la negativa del Ministerio a responder las consultas de otros oferentes interesados y la presentación de una única oferta que supera ampliamente la inversión estimada son situaciones que se repiten en esta y otras licitaciones con sospechas de direccionamiento.

Fue lo que sucedió en la Ruta Transchaco, licitada por la Ley 5074, en la que la única oferta resultaba casi irracional financieramente y Hacienda salió al paso para impedir su adjudicación.

Ocurre lo mismo con la licitación, también por la Ley 5074 (“llave en mano”) para la construcción de alcantarillado sanitario, que tiene una única oferta, en este caso del consorcio español Acciona Aguas-Acciona Infraestructuras, que sigue en estudio. La misma situación se dio en la licitación por alianza público-privada (APP) para las rutas 2 y 7, también con una sola oferta, ya adjudicada a un consorcio liderado por Sacyr, firma con antecedentes de incumplimiento.