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El SEIJA expresa su preocupación en el caso que tomó estado público, conocido como el de las extierras de Nikolai Neufeld, inmueble individualizado como finca Nº 2107, distrito de San Pedro del Paraná (Itapúa), adquirido por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) por resolución de la presidencia Nº 876, el 6 de marzo del 2013, con una superficie de 3.001 hectáreas, parte de una fracción mayor, cuyo pago fue ejecutado en 50% el pasado 16 de julio, y la propiedad fue transferida al Indert.
Manifestamos al Indert, a las demás autoridades del gobierno y a la opinión pública que el proceso administrativo de adquisición en el Instituto, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas “se ajustan plenamente a la legalidad vigente y no tiene ningún vicio ni defecto legal”, dice la organización.
Sobre el inmueble de referencia no pesa ninguna restricción de dominio, estaba libre de gravamen al momento de la transferencia y en libre disposición para su venta en la Dirección General de los Registros Públicos, por lo que “no existe ninguna inhabilidad que impida al Indert la compra y el pago del inmueble”. agrega.
En cuanto al monto abonado por el inmueble por parte del Indert de G. 7 millones la hectárea, la ONG manifiesta que es muy inferior al precio de mercado de la zona y se han justificado plenamente las causales de adquisición directa por la vía de la excepción exigidas por la Ley, ya que el inmueble fue ocupado por familias campesinas desde el 2 de julio del 2005, y están instaladas en el sitio 200 familias, quienes ya tienen sus viviendas, chacras con cultivos de consumo y de renta, viviendas, plazas, áreas de recreación y caminos internos que comunican al asentamiento con la ruta que conduce a San Pedro del Paraná.
Asimismo, dice que había un grave conflicto social, pues la policía tenía para ejecutar una orden de detención con posibilidades de desalojos que iba a ser la cuarta, y que agravaría la situación de las familias asentadas.
SEIJA ha apoyado a las 200 familias de la comisión vecinal “12 de Julio” beneficiarias de las tierras desde sus comienzos, con asistencia jurídica y capacitación organizacional, y cree que no existen impedimentos ni inhabilidades legales, por lo que exige al Indert el pago al propietario del 50% restante, para que las familias beneficiarias tengan tranquilidad, puedan producir sus tierras e iniciar el trámite legal de titulación.