“No basta con sancionar a las aguateras que no cumplen con los estándares de calidad, porque eso sería atacar las consecuencias. Es necesario atacar las causas de la prestación de un servicio de baja calidad”, dijo Hugo Carrera, presidente de Capa, cuando se le pidió una síntesis de los temas tratados en la reunión.
Añadió que tienen pendiente sobre sus cabezas la posibilidad latente de confiscación, sin indemnización alguna, de sus bienes, tal como lo establece la ley 1624/00 que prevé que luego de 10 años de prestar el servicio, el Estado puede reclamar la restitución de todos los bienes muebles e inmuebles de las aguateras al Estado.
No son del Estado ...
“La palabra restitución es un eufemismo. No se puede restituir al Estado las aguaterías y las redes, ya que estas no fueron nunca del Estado. Las aguaterías y sus redes son de los que se animaron a invertir sin ningún apoyo del Estado, para suplir una responsabilidad no asumida por el sector público”, agregó Carrera.
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También señaló que la norma es inconstitucional y conspira contra el clima de inversiones y, consecuentemente, contra el mejoramiento del servicio. “Nadie va a invertir en una empresa de la cual el Estado puede apoderarse lisa y llanamente, sin indemnizar al inversor”, dijo Carrera.
Luego explicó que no debe prolongarse más esta situación, cuya salida hace varios años plantean los aguateros privados, que consiste en modificar la ley de forma a establecer la posibilidad de que el Estado expropie las aguaterías, pero previa indemnización justa.
No tienen créditos
Otro inconveniente que espanta inversiones para mejorar y aumentar la cobertura es el hecho de “que la misma cuestionada legislación impide que los aguateros puedan utilizar sus activos como garantía para obtener un crédito bancario”, apuntó.
“Somos el único sector del empresariado que no puede usar su pequeña o mediana empresa como garantía para acceder al crédito. Posiblemente seamos los únicos empresarios del planeta que no pueden disponer de sus bienes muebles e inmuebles para asegurar al banco la devolución del préstamo”, dijo.
“La última cuestión que necesita ser atendida, también en forma urgente, es la contaminación del acuífero Patiño, que sirve para proveer de agua a más de 20 municipios del área metropolitana y parte de la capital. Nosotros los aguateros somos los principales interesados en mejorar la calidad del servicio y en ampliar la red, pero para eso el Estado debe crear las condiciones mínimas, como seguridad a la inversión y abrir el acceso al crédito, estableciendo la embargabilidad de los bienes de las aguateras”, dijo.
Se quejó también del gran atraso que hay en el reajuste de las tarifas que hace que solo un pequeño porcentaje de las aguaterías accedan a la modificación de sus tarifas, de acuerdo con la variación de costos.
Erssan contradice la política del actual gobierno
El ente regulador del sector, Erssan, viene amenazando con la confiscación de las aguateras que no cumplen con los estándares de calidad exigidos por la Ley 1624/2000, señalaron igualmente ayer en la reunión de los aguateros, informaron.
Denunciaron, además; que las amenazas del organismo regulador van “a contramano con la política del nuevo gobierno, que impulsa a través de la asociación público-privada una mayor participación de los agentes privados en las inversiones”.