Nuestro diario publicó días atrás que la nueva directora de gestión empresarial de Petropar, Norma Caballero, excompañera del actual titular de la petrolera estatal, Eddie Jara, en la INC, e integrante del primer anillo de la actual administración, había inflado su salario en concepto de las bonificaciones que percibía en concepto de antigüedad. Este hecho llamó la atención atendiendo a que dicha funcionaria apenas está hace seis meses en la petrolera, pero ya percibía una bonificación por antigüedad equivalente a un servicio continuado de por lo menos 20 años en la entidad.

A la vez cuestionamos que Petropar no transparenta los montos percibidos por sus funcionarios en concepto de gratificación y bonificación, para ocultar los verdaderos salarios autoasignados, violando así el Art. 3 de la Ley de Transparencia, que exige entre otras cosas, que toda la información publicada por las entidades públicas deberá contener: inc. c) (...) salarios, dieta o sueldos que corresponden a cada cargo, gastos de representación, bonificaciones discriminadas por cada uno de los conceptos establecidos por las normas respectivas, premios y gratificaciones especiales.

Tras nuestra publicación reconocieron que incumplían la ley al no detallar los montos específicos que reciben los funcionarios, en los conceptos citados. Con relación a la cuestionada antigüedad en Petropar de la nueva directora de gestión empresarial (RR.HH.), y por la cual inflan su salario “por antigüedad”, Álvarez indicó que se basaron en un reciente dictamen de la Secretaría de la Función Pública del 24 de octubre último, que reconoce la movilidad del funcionario de una entidad pública a otra “sin pérdida de la antigüedad y estabilidad adquiridas al no haber interrupción del servicio prestado al Estado”. En cuanto a la antigüedad del funcionario público, la misma puede ser definida como el tiempo en que el mismo ha prestado servicios en relación de dependencia con el Estado (..) desde la fecha de su ingreso válido, de manera continua, ininterrumpida o sucesiva aunque tal prestación de servicios públicos se haya llevado a cabo en uno o más organismos o entidades del Estado. Así, en Petropar logran inflar salarios, en detrimento de las arcas públicas, y convertirse en funcionarios permanentes a solos meses de ingresar a la entidad.