El complejo abarca un terreno de 17,8 hectáreas que fue dividido en 15 macrolotes que la Senavitat ofrecerá en fideicomiso al sector privado para la construcción de bloques de apartamentos, que en total deben sumar unas 3.000 unidades. “Los macrolotes van a ser ofertados al sector privado a través de un sistema de fideicomiso que se tiene que constituir por ley, que es lo que va a garantizar la sostenibilidad del proyecto, independientemente de los cambios de gobierno”, dijo ayer en rueda de prensa la ministra Soledad Núñez.
Antes de ello, se construirá la infraestructura básica (calles y sistemas de desagüe) y se instalará la red eléctrica, para lo cual Itaipú aportará US$ 20 millones. La Senavitat anunció que espera que estas obras, las que corresponden a Itaipú, se inicien a finales de este año o a más tardar en el primer trimestre del próximo año.
En total, entre sector público y privado, se prevé una inversión de 130 millones de dólares en todo el proyecto.
Según Núñez, para agosto del 2018 esperan tener constituidos los fideicomisos, que tendrán autonomía en cuanto a la ejecución de las obras. Es decir, los 3.000 apartamentos no serán construidos por un solo oferente, sino por diversas empresas adjudicadas, cada una con uno o más macrolotes para desarrollar el plan. Senavitat compró el predio del Instituto de Previsión Social (IPS) por G. 35.000 millones en 2015 y demolió parte de las estructuras que estaban allí. Solo algunas siguen en pie.
El precio
A diferencia de otros proyectos habitacionales en el que el precio se fija luego de la construcción, en este la Senavitat buscará establecer un precio referencial para incentivar desde el principio la competencia entre los oferentes privados interesados.
Ese precio debe prever cuotas mensuales que se ajusten a lo que es un salario mínimo, hoy situado en G. 2.041.123 al mes. La ministra añadió que ahora están terminando de ajustar los productos financieros a través de los cuales serán ofrecidos esos apartamentos.
También se maneja la posibilidad de ofrecer parte de estas unidades en alquiler con opción a compra, lo que indudablemente repercutirá luego en los precios del sector en el mercado.
Entidades financieras
Tanto la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) como el Banco Nacional de Fomento (BNF) tendrán un papel activo en el plan, a través del otorgamiento de préstamos con garantía hipotecaria para financiar la compra de estas unidades a todos los interesados en adquirirlas, una vez que estén terminadas.
En tal sentido, la Ley de Acceso a la primera vivienda es una herramienta muy útil en un contexto como este, según explicó ayer la ministra de Senavitat, Soledad Núñez.