El Estado ha revelado finalmente detalles de la defensa que está ejerciendo en Washington ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde la empresa Societé Génerale de Surveillance SA (SGS) reclama al país un monto de por lo menos US$ 55 millones en varios conceptos.
Según informes entregados por la Procuraduría y la Abogacía del Tesoro, en las audiencias testificales celebradas en la capital estadounidense los pasados días 4 y 5 de mayo, Paraguay expresó que espera que el tribunal designado haga justicia, "rechazando las reclamaciones de SGS".
La firma suiza había sido contrada durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, en enero de 1996, para la prestación de servicios de inspección de preembarque de importaciones en los puertos de origen de las mercancías, pero en febrero de 1999, el entonces presidente Raúl Cubas decidió no continuar con el contrato.
La duración del acuerdo era por tres años, contando a partir de julio de 1996, y pese a que la comunicación de la suspensión del servicio se le hizo por escrito a la SGS, la misma decidió recurrir al CIADI, en este caso recién en noviembre de 2007.
La citada empresa reclama cuotas impagas por un total superior a los US$ 39 millones, más intereses por casi US$ 16 millones, liquidados a mayo de 2007, lo que indica que en caso de salir gananciosa recibiría una suma incluso mayor a los US$ 55 millones.
Alegatos paraguayos
Entre otras cosas, la SGS se quejó ante el CIADI de haber sido víctima de "medidas indebidas y discriminatorias" de las que debía ser protegida en base al Tratado Bilateral sobre Inversión (TBI) entre Paraguay y Suiza, además de falta de "tratamiento justo y equitativo".
En primer lugar, nuestro país alegó que "no prestó su consentimiento para someter esta diferencia al arbitraje del CIADI" y que "SGS no ha realizado una inversión conforme al convenio del CIADI y el TBI entre Paraguay y Suiza".
También argumentó que la demandante "pretende que el tribunal sostenga, a partir del contrato de prestación de servicios suscrito con esa empresa, que un Estado soberano (Paraguay) ha incumplido obligaciones con otro Estado soberano (Suiza) porque no le pagó a SGS sus servicios", lo que no cabe.
Primero, porque el contrato con SGS prevé que ante un presunto incumplimiento se debe recurrir ante tribunales nacionales, "un recurso que nunca fue utilizado por SGS", según el Estado.
Asimismo, Paraguay dice que SGS en ningún momento ha probado los daños manifestados en su demanda.
También objeta jurisdicción
En el caso de la demanda de la SGS contra Paraguay, nuestro país ha expresado desde el principio su objeción a la jurisdicción del CIADI en este conflicto. Las fuentes oficiales han aclarado que el Estado sigue sosteniendo esa objeción, pero que como el tribunal se declaró competente en su momento, no ha tenido otra salida que seguir en el juicio "a fin de evitar la indefensión" del país.
Ante el CIADI también había acudido la firma francesa Bivac Bureau Veritas, que presta servicios similares a los de SGS, exigiendo US$ 35,4 millones a Paraguay, pero suspendió su demanda en mayo de 2010 debido a que el tribunal concluyó que no tenía jurisdicción en la mayoría de los planteamientos hechos por dicha empresa.