Un grupo de compatriotas afectados por el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT) llegó esta semana a nuestro diario para expresar su repudio al anteproyecto de ley que pretende, por un lado, que el catastro rural sea un estamento más del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y que, por el otro, daría la facultad al ente público de promover desalojos sin el proceso judicial que hoy se establece para el efecto. Se trata de Leuterio González, Luciano Gómez, Balerio Ferreira, Mamerto Gómez, Juan Rolón, Mauricio Quiñónez, Nidia Saucedo y Silvio Oviedo, quienes estuvieron acompañados del abogado Hugo Waldino Lovera.
Según lo explicado, si bien a través del SIRT (proyecto iniciado en 2014) el Indert llegó a entregar títulos de propiedad a personas sujetas de la reforma agraria, también usó la misma herramienta para perseguir a pequeños productores que desde hace décadas han ocupado lotes fiscales y que no han podido titularlos, en gran medida por negligencia y corrupción históricas del ente agrario.
Nidia Saucedo, de la colonia María Auxiliadora de Caazapá, comentó que tiene 32 años de ocupación, cancelación de pagos al Indert, pero en lugar de que le otorguen el título, le dicen desde el año pasado que en realidad las tierras son privadas, de la firma Agropeco.
Cómo quedan los pagos que el instituto recibió y las décadas de ocupación es algo que no le han respondido. Agregó que en la misma comunidad, a pobladores antiguos les sacaron sus lotes, y a otros que no tienen ocupación, les dejaron; también a algunas personas les quitaron parte de sus propiedades para entregar a otras. Esto a su criterio demuestra las fallas que tiene el SIRT, a pesar de la propaganda de que supuestamente es el “mayor legado” de la administración actual, presidida por Justo Cárdenas.
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Por su parte, Juan Rolón, presidente de Fomento y Desarrollo de la localidad de Juan de Mena, Coordillera, indicó que hace 27 años compraron tierras del ente rural y que muchos ya terminaron de pagar por sus fincas, pero aun así el SIRT entró a la colonia de unas 5.414 ha y les dijo que al menos 1.000 ha no figuran como tierras fiscales.
Leuterio González, concejal de Juan de Mena (PLRA), habló en representación de la colonia Guido Almada 1 y repudió el “atropello a las instituciones públicas” que cometen con el catastro rural de referencia, ya que el SIRT se atribuye la función misional además de los fondos del propio Indert. “Nosotros vemos que esto crea un conflicto social. La gente puede llegar a matarse por sus tierras”, añadió González al expresar su preocupación.
A su vez, Balerio Ferreira, concejal de la misma localidad (PLRA), dijo en representación de la colonia Guido Almada Loma Hovy, que al principio del catastro rural, hace tres años, les habían dicho que el objetivo del relevamiento de datos era entregar títulos, pero el ente terminó distribuyendo principalmente “certificados de adjudicación”. Coincidió en que hay gran preocupación de que el SIRT se vuelva, a través de una ley, una instancia permanente que atropelle derechos de los campesinos.
De hecho, el presidente del Indert y los responsables de catastro rural, Zulma Gómez y Hugo Jiménez Recalde, presentan como un “logro histórico” la entrega de más de 20.000 “certificados de adjudicación” en los últimos años, pero reconocen que de esa cifra de beneficiarios solo 500 llegaron a obtener títulos (ver cuadro).
Gremios como la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) se han expedido también en contra del anteproyecto de ley del SIRT, por considerarlo inconstitucional. Entre tanto, Waldino Lovera promovió una denuncia penal contra autoridades del Indert y el SIRT.