Con relación al referido tema, Nicolás González Oddone dijo que tanto la Cámara de Importadores del Paraguay (CIP) como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) ya habían alertado en su oportunidad al Parlamento y a Hacienda que el proyecto de modificación de la ley era “innecesariamente generosa”, con incentivos fiscales que además otorgan a todo producto objeto de la misma un margen de preferencia del 40% en licitaciones para ventas al Estado paraguayo, actualmente el mayor comprador de bienes y servicios del país.
Advirtió que solo con esta ley, el Estado dejaría de percibir alrededor de US$ 21 millones, porque los productos que este proyecto pretende beneficiar con sus “excesivos y generosos incentivos” son muy numerosos.
Añadió que la importación de la amplia gama de electrodomésticos y productos electromecánicos aporta al fisco “fuertes ingresos” en concepto de aranceles aduaneros, IVA 10%, selectivo al consumo y, por supuesto, el 10% del impuesto a la renta. Alertó que la pérdida de estos ingresos no permitirá al Gobierno atender sus múltiples necesidades de salud, educación, vivienda accesible, infraestructura, salarios acordes con el costo de vida para funcionarios, etc.
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El CIP y la CNCSP alertaron que la actividad del ensamblado, tal como está prevista en nuestra legislación, “lucra y crece”, no precisamente sobre la base de una sana política de eficiencia y competitividad, sino solo al costo de grandes subsidios. “Creemos que nuestro país tiene sectores competitivos que deben ser apoyados, pero no esta actividad que requiere de un subsidio sin plazo”, afirmó el importador González Oddone.
Los gremios citaron, como ejemplo de esos beneficios, el Régimen Automotor Nacional para el ensamblaje de motos. Dicen que estos ensambladores dejaron de abonar al fisco, solo en concepto del IVA e Iracis, más de US$ 86 millones; sin contar aranceles aduaneros no abonados por partes y piezas de más de un millón de motocicletas ensambladas en Paraguay.