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El texto aprobado por el Parlamento establece que las personas que realicen funciones aeronáuticas en las aeronaves con estas características deberán tener la nacionalidad paraguaya y poseer licencias y habilitaciones expedidas o convalidadas por la Autoridad Aeronáutica Civil.
El coronel Juan Emilio Galeano y representantes de sindicatos de pilotos y tripulantes sostuvieron que la ley no es “xenófoba” como muchos dicen, sino que protege a los profesionales paraguayos en cuya formación las compañías, por una cuestión de reciprocidad, están obligadas a invertir.
Según manifestaron, lo que ocurrirá próximamente es que muchos pilotos desempleados de Brasil, Argentina y otros países de la región, que ya fueron formados por otras compañías, porque su reglamentación así lo exige, vendrán a Paraguay a quedarse con los puestos de connacionales, porque a las empresas les será más barato contratar a estos que a un profesional local, que requiere formación.
El argumento del veto y también el sostenido por Luis Aguirre, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), es que en el país no existen suficientes pilotos para absorber la demanda que significará la llegada de nuevas compañías interesadas en invertir.
Al respecto, los pilotos sostienen que la calificación de los aeropuertos a nivel global es muy baja y ven poco probable que otras compañías quieran invertir.
Por último, señalaron a la empresa aérea TAM como la responsable de impulsar el veto para evitar hacerse cargo de la formación de pilotos paraguayos.