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Plantearán al Gobierno un proyecto de ley para crear catastro nacional

Este artículo tiene 13 años de antigüedad
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Un grupo de profesionales pretende poner a consideración del nuevo gobierno un proyecto de ley que crea el catastro nacional. La intención es formalizar el sistema y acabar con la superposición de títulos o doble matriculación que hoy existe en el país y es la causa que genera muchos conflictos en el país.

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El plan apunta a establecer una ley orgánica que contemple el marco conceptual, metodológico y normativo único, según explicaron durante una visita realizada a ABC Color los abogados Luis Melgarejo Paredes, Arístides Duré y Luis Alberto Mieres.

Los profesionales señalaron que esto incluye la reestructuración del Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda y del Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Explicaron que a partir de la reestructuración de estas dos dependencias se conformaría una entidad autónoma y autárquica, que pasará a administrar el sistema catastral del país; mientras que el avalúo de las propiedades quedará a cargo de los municipios.

Melgarejo agregó que Paraguay sigue siendo uno de los pocos países que no cuenta con un catastro nacional y apuntó que hasta tanto no se cuente con el marco legal específico y adecuado a nuestra realidad jurídica inmobiliaria, no podrá abordarse los conflictos de tierras para acabar con los vicios, como la superposición de títulos o doble matriculación y otros efectos generados por las invasiones rurales bajo el pretexto de presunción de excedentes fiscales.

Añadió que la formalización del catastro nacional pasa previamente por contar con una ley orgánica, que contemple el marco conceptual, metodológico y normativo único y de vinculación expreso, en cuanto al levantamiento de la información de campo, con fines de formación, regularización e integración de los datos inmobiliarios. A su criterio, el hecho de que aún no se tenga una base de datos sobre la zona rural, se debe a que los sucesivos préstamos internacionales otorgados para la formación del castastro, unos 53 millones de dólares, tenían como componente básico el marco legal regulatorio, pero hasta la fecha fueron concedidos y destinados al catastro fiscal.

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