Las importadoras, que tienen la medida judicial a su favor, hacen “trabajar” ese documento e importan la cantidad de vehículos que deseen. Las empresas o los importadores causales que quieren traer lo suyo negocian directamente con estas importadoras, las que cobran un porcentaje por traer el vehículo gracias a su “inconstitucionalidad”. Esta práctica se está imponiendo desde el año pasado y las empresas que ya no quieren “ponerse” con el porcentaje, buscan obtener sus propias sentencias. Con un amparo judicial ya pueden operar e importar la cantidad de automóviles que pueden.

No existe un impedimento legal para que las empresas beneficiadas con las medidas judiciales utilicen ese documento para ingresar la cantidad de vehículos que la firma decida.