“Protocolo” cubre acción de violentos, señala ARP

Los hechos criminales protagonizados por falsos propietarios de tierras, que son de conocimiento público, traen al debate una cuestión específica que ata de pies y manos a los reales propietarios y da autonomía de acción a invasores de fincas, afirmó el presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, del gremio ganadero, Abog. Diego Torales, en alusión al protocolo fiscal-policial.

“En ciertos lugares, los productores no están pudiendo trabajar”, advirtió. Explicó que los invasores de tierras se consolidan rápidamente en los dominios ajenos y asumen la defensa de esos dominios como si fueran propios, con el condimento de que ahora ya comienzan a matar gente”, señaló.

Torales presume que la muerte por armas de fuego de dos colonos trabajadores del Alto Paraná fue posiblemente a manos de invasores, de acuerdo a investigadores fiscales que se incautaron de evidencias halladas en poder de campesinos sin tierra.

Citó la quema de tractores y otros implementos de trabajo rural, sabotaje a los que desean iniciar la siembra y otros tipos de amenazas, que son protagonizadas por falsos propietarios, quienes actúan favorecidos por el protocolo de intervención fiscal y policial, enfatizó.

Según el abogado, la formalidad hace que los operativos de intervención o desalojo demoren más de la cuenta, en algunos casos dos o tres años, tiempo que es aprovechado por los invasores para consolidar su dominio espurio y cometer hechos ilícitos. “En esos lugares solo pueden acceder algunos legisladores, la Policía, la Fiscalía, pero los propietarios legítimos tienen totalmente vedada la entrada, bajo riesgo de sufrir graves consecuencias. Esta es la situación que se está viviendo en el campo”, puntualizó el directivo de la Rural.

“Lo peor de todo es que ahora ya comienzan a matar gente”, indicó en relación con el colono tractorista que falleció de disparos de escopeta cerca de la colonia San Alberto (Alto Paraná), y el deceso a un trabajador menonita en similares circunstancias en la jurisdicción de Santa Lucía, en el mismo departamento.

“Teniendo en cuenta la delicada situación imperante, la ARP reclama a la Fiscalía General del Estado que revise el cuestionado ‘protocolo de intervención’ con el objetivo urgente de facilitar las intervenciones sin más trabas ni pretextos, y de esa manera hacer cumplir la ley en el marco del Estado de derecho, en este caso, del respeto a la propiedad privada”, remarcó.

Antecedentes

El 20 de marzo de 2012 fue firmado el protocolo fiscal-policial para invasiones de propiedad que, según la evaluación del caso realizada por la mesa interinstitucional y con base en los resultados de planificación, la Policía Nacional deberá elaborar la orden de operaciones para el procedimiento. Las cuatro fases son: constitución en el lugar del hecho, planificación del procedimiento, aprehensión y hacer cesar el hecho antijurídico y, finalmente, el proceso penal.