El portavoz de los manifestantes, Raúl Aramendy, integrante de la “Mesa Provincial por el NO a las Represas”, refirió que lo que se presentó a consideración de los legisladores regionales es un proyecto de ley que declara la libertad de todos los ríos, similar a una ley ya vigente en la provincia de Entre Ríos. “Esperemos que los diputados cumplan con su deber. Son representantes del pueblo”, expresó.
El citado ambientalista recordó que durante una encuesta popular realizada por la agrupación No a las Represas, el año pasado cerca de 120.000 personas rechazaron que se erijan más hidroeléctricas.
Entre los días 20 y 26 de octubre del año 2014 la “Mesa por el No a las Represas” convocó a una consulta para conocer la opinión de los misioneros sobre la posible construcción de la usina Garabí, sobre el río Uruguay. De las 120.000 personas que votaron, el 96 por ciento expresó su rechazo a la obra. El pueblo dijo basta de represas en esta región.
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La presa de Garabí (entre Argentina y Brasil) inundaría 40.000 hectáreas (dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires) y desalojaría a 2.500 familias, según mencionaron los organizadores de la manifestación.
En Misiones está vigente la Ley 56, que obliga al gobernador a llamar a votación ante cualquier nuevo proyecto hidroeléctrico. El artículo 6 de dicha normativa es muy claro: “Para la realización de emprendimientos hidroeléctricos y represas se requiere la participación previa del pueblo de Misiones, a través del mecanismo de plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable”, recordó.
La Mesa Provincial No a las Represas reúne a 46 organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicatos e iglesias.
“Si el gobierno de la provincia hiciera lo que el pueblo quiere, tendría que haber salido corriendo a convocar al plebiscito que marca la ley (de Soberanía Energética, sancionada a fines del 2011), que viene violando desde hace más de tres años, y dejar que la población resuelva contra los intereses de las grandes transnacionales que quieren construir las represas”, afirmó Aramendy.
Tampoco Corpus
El referido ambientalista rememoró también que en 1995 los gobiernos de Argentina, Paraguay y de la provincia de Misiones impulsaron la represa llamada Corpus Christi. Luego de un largo proceso de debates y marchas, en abril de 1996 la población de Misiones votó en una consulta popular y el 88 por ciento dijo “No” a la construcción de esa represa binacional, por el alto costo ambiental y social que tendría como impacto no deseado. El hecho marcó un hito en la memoria de luchas de la provincia, señaló Aramendy.
Cabe recordar que la construcción de la represa de Yacyretá, encarada por los estados de Paraguay y Argentina, había desplazado a numerosos pobladores de la ribera hacia otras regiones, motivo por el cual recibieron indemnizaciones.