El plazo máximo para que Contrataciones Públicas se expida acerca de la investigación que abrió sobre la licitación para la tercerización de los peajes es de 60 días, según la ley. Dicha investigación fue iniciada de oficio a raíz de la comprobación de que Ramón C. Álvarez, adjudicatario, mintió al acreditar experiencia que no tenía. No obstante la investigación habría sido promovida desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que conduce el llamado, por lo que hay fuertes versiones de que en realidad se trataría de un “blanqueo”.

Antecedentes

Para competir en la licitación de la operación de los peajes por 10 años, la denominada Concesionaria de Peajes del Paraguay presentó datos falsos en lo que respecta a la experiencia específica de la empresa uruguaya Ramón C. Álvarez SA, que integra el referido consorcio. La firma en cuestión menciona su experiencia como subcontratista de la Corporación Vial del Uruguay y en su oferta incluyó un documento supuestamente expedido por la citada corporación que asegura haberle contratado para la construcción de nueve estaciones de peajes.

En ese mismo documento se remite al contrato de concesión que a su vez tenía la Corporación Vial del Uruguay con el Ministerio de Obras Públicas del Uruguay, en donde consta que tres de los peajes supuestamente construidos por Ramón C. Álvarez SA ni siquiera figuran en el convenio, según los documentos a los que accedimos y que fueron publicados en su momento.

La propia Corporación Vial del Uruguay desmintió a Ramón C. Álvarez, que en los peajes aparece consorciada con CDD (César Daniel Delgado), sin embargo, el MOPC desconoció esta denuncia y volvió a pedir nuevos informes que ya fueron remitidos, pero no divulgados, sospechosamente.

Si la DNCP dictamina a favor de la adjudicación, el oferente que falseó datos, se quedaría con la administración de todos los puestos por unos 10 años.

Por ese “trabajo” el MOPC le pagará G. 42.000 millones y le entregará 13 puestos de peajes ubicados en todo el país.