De acuerdo con la nueva ley presupuestaria, el presidente de la República, Horacio Cartes, percibirá desde este mes una remuneración total de 37,9 millones de guaraníes en concepto de sueldo y gasto de representación.
Hasta el año pasado recibía 31,8 millones de guaraníes mensuales en concepto de sueldo, gasto de representación y bonificación por responsabilidad en el cargo.
El monto implica un aumento de poco más de 6 millones de guaraníes (19%), que según técnicos del Ministerio de Hacienda se da porque no cobraba como ordenador de gastos porque había delegado esta función.
El presidente también dispone para este año de un gasto reservado por valor de 1.250 millones de guaraníes, monto igual al del ejercicio pasado.
El vicepresidente de la República, Juan Afara, cobrará 35,9 millones de guaraníes, levemente inferior a la del año pasado.
El segundo del Ejecutivo hasta el ejercicio pasado tenía un ingreso superior al Presidente, porque cobraba la bonificación como ordenador de gastos, indicaron los técnicos de Hacienda.
Los ministros del Ejecutivo, por su parte, tendrán un ingreso total de 24,8 millones de guaraníes, lo que implica un aumento de 2,7%.
Tanto el Presidente de la República, el vicepresidente y los ministros ya no cobrarán las bonificaciones y sus ingresos estarán compuestos por el sueldo y el gasto de representación.
En el caso de los viceministros, estos cobrarán 17,5 millones de guaraníes y los directores generales 14,9 millones de guaraníes en concepto de sueldo y gasto de representación, pero ambos podrán percibir una bonificación de hasta 50% y 30% respectivamente, por lo que el ingreso total será mayor.
Luego están los cargos de profesional I cuyo tope llega a los 13 millones de guaraníes, coordinador general 11 millones, técnico 5,4 millones y asistente administrativo poco más de 3 millones de guaraníes.
La nueva matriz aumenta los salarios de los funcionarios al sumar al sueldo las bonificaciones que antes se cobraban por separado, pero aún así se mantienen las bonificaciones y gratificaciones, que fueron muy cuestionadas por la ciudadanía y un sector de los parlamentarios, ya que solo terminaron blanqueando las asignaciones extras de los funcionarios.
La readecuación incluye a todas las instituciones dependientes del Ejecutivo, excepto el Ministerio de Salud, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo.