Representante legal de firma panameña justifica inversión en azucarera quebrada

El grupo Clean Energies Worldwide (CEW), de capital guatemalteco pero cuya sede está en Panamá, promete invertir US$ 115 millones para reactivar la quebrada azucarera de la ciudad de Iturbe, Guairá.

https://arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/PLCJHH6EDZFD7PZU3I2CFIEA6Q.jpg

La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) firmó un acuerdo con los representantes del grupo inversor Clean Energies Worlwide (CEW) para reactivar el ingenio azucarero de Iturbe. El mismo procurador Sergio Coscia salía en una fotografía con Freddie Pérez Tapia, que estuvo en ese acto en representación de CEW.

El abogado Marciano Torales y su hijo Diego Torales son los representantes legales en Paraguay de CEW, capital guatemalteco, con sede en Panamá, y que pretende reactivar la quebrada y conflictiva azucarera en el distrito de Iturbe, departamento de Guairá (ex Azucarera Iturbe). El primero brindó detalles de la negociación que se encuentran realizando para recuperar determinados activos y lograr poner en marcha la planta procesadora de caña de azúcar, que según estiman será desde este año, si es que obtienen la licencia ambiental y llegan a un acuerdo con los mayores acreedores.

Considerando la envergadura de la inversión, que asciende a US$ 115 millones, el profesional indicó que de este monto una parte cubrirá el pago de deudas, que sería de US$ 30 millones, aproximadamente. No obstante, dijo que los problemas jurídicos y financieros que dejó la inactiva azucarera son mayores. “No podemos cubrir todas las acreencias de azucarera Iturbe. Es imposible, porque es de US$ 80 millones. Pusimos un monto determinado para el pago de deudas, que ya incluye el compromiso de pago al Estado”, indicó.

PUBLICIDAD

El grupo CEW se dedica a la producción y comercialización de energía limpia, y según dijo Torales, “es uno de los mayores exportadores de azúcar”, y tiene la intención de producir azúcar 100% orgánico en Iturbe y exportarla a Estados Unidos y países del continente europeo, mencionó.

¿Es negocio?

Consultado sobre la intención de CEW de invertir en una empresa con múltiples conflictos y deudas millonarias, el abogado contestó que los directivos del grupo hicieron un estudio preliminar y tienen bien definido su plan de negocios.

“Vinieron a sondear, vieron una oportunidad y analizaron. Tengo entendido que ellos vienen a Paraguay conectados por el embajador de Paraguay en Panamá de apellido Jara (Enrique Jara), pero no es que él les haya planteado comprar la azucarera. A nosotros (del estudio jurídico) nos contactaron para solucionar los litigios judiciales”, remarcó.

Torales reconoce que el tema de la azucarera es difícil, y que si bien CEW pudo haber empezado de cero y abrir una nueva planta, descartaron esta posibilidad porque a criterio de los inversores, montar una procesadora de azúcar nueva representa años de retraso.

¿Quién les mostró la azucarera? A esto, Torales dijo que es una información que particularmente no maneja. “Queremos aclarar que el grupo no compra la azucarera Iturbe. Lo que estamos haciendo es adquirir ciertos activos y ver soluciones estratégicas jurídicas-financieras. Algunas son absolutamente inviables”, manifestó. Añadió que la quebrada azucarera Iturbe tuvo demasiados conflictos, demandas, acciones judiciales y, considerando todo eso, analizaron los canales de salida para reactivarla, pero bajo la razón social de Azúcar Orgánica Iturbe SA.

Escenario legal

Algunos de los activos están en fideicomiso con patrimonio autónomo, hay otras acciones como créditos hipotecarios y prendarios con firmas extranjeras, y otras que corresponden a la venta de inmuebles y maquinarias, cuyos tratos son actualmente con los titulares. “Tuvimos que identificar cada uno de los activos de la sociedad con sus titulares. En el caso del fideicomiso, por ejemplo, son patrimonios autónomos que estamos negociando con los bancos Familiar, Regional, Visión Banco y la firma holandesa Oikocredit”, indicó.

La semana pasada, la PGR anunció la posible recuperación de G. 15.000 millones que el Estado había desembolsado para el pago realizado por el Gobierno en 2015 a cañicultores, trabajadores de Azucarera Iturbe.

En esta firma estuvieron autoridades de los ministerios de Industria y Comercio, del Ambiente y Seprelad. “Los que están viniendo son absolutamente legítimos”, refirió el abogado.

La figura de la operación sigue siendo analizada, pues se trata de algo extremadamente complejo y que recién será definido una vez concretado el acuerdo con las firmas, comentó. “Estamos trabajando en esto desde hace ocho meses. Sigue siendo una negociación bastante difícil. Hay algunos acreedores remisos que esperamos no hagan fracasar la operación. Tenemos el compromiso de pago con el Estado por un lado, y por el otro, diligencias de lo que tenemos que hacer con el fondo de inversiones y de cómo se ejecutará la inversión”, dijo.

Comentó que el saldo restante de los US$ 115 millones será destinado a la compra de tierras, ampliación de la capacidad instalada y otras mejoras. En ese punto, habló de que la planta abandonada tenía una capacidad instalada de molienda de 4500 toneladas por día y que CEW prevé triplicar y aumentar a 15.000 toneladas el procesamiento de caña de azúcar.

Informó que ya presentaron las intenciones al MIC a fin de acelerar las gestiones y ya estuvieron indagando los incentivos y beneficios que otorga la Ley 60/90 a las inversiones extranjeras. Puntualizó que los inversores ya tienen mercado asegurado, que no son “improvisados”. “Están presurosos de que se solucione todo”, subrayó.

Paralización La azucarera entró en proceso de quiebra en diciembre de 2013 y quedó paralizada al año siguiente a raíz de las deudas con diversos acreedores. Debía a Tributación unos G. 24.000 millones; más de G. 3.000 millones a la ANDE y G. 18.000 millones al IPS. En el Congreso establecieron un plan de salvataje para saldar parte de la deuda con cañicultores y otros. Como accionistas mayoritarios estaban los hermanos Roberto y Gustavo Codas, y como administrador principal Fernando Campos, quien llegó a la fábrica en los años 80, tras casarse con la hija de Sara Friedmann. Tras varias malas administraciones, la situación financiera del ingenio se volvió crítica con Campos.

MIC y Mades

Sobre el tema, la ministra de Industria, Liz Cramer, señaló que el grupo empresarial envió al MIC a sus representantes “a interiorizarse” de las herramientas posibles para atracción de inversiones y registros de la empresa industrial. Señaló que más detalles sobre la inversión se harán con los propios empresarios y con el presidente de la República, ya con licencia y debida diligencia en mano. Desde el Mades confirmaron a ABC que dieron entrada al pedido de licencia ambiental.

Antecedentes del salvataje

Con el Decreto 2879, el Poder Ejecutivo reglamentó en 2015 la ley de salvataje para la Azucarera Iturbe. Con ello, el Gobierno asumió la deuda de la firma con sus empleados, productores de caña y transportistas, por un valor de G. 15.000 millones del Tesoro nacional. De 2008 a 2014 el pasivo de la Azucarera Iturbe trepó de US$ 20 millones a US$ 80 millones.

PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD