La profesional fue consultada sobre la controversia existente entre los gremios de contadores y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en torno a la nueva reglamentación del artículo 33 de la Ley 2421, de adecuación fiscal.
Explicó que la reglamentación anterior, vía Resolución general N° 20, establecía pautas de cómo debe realizarse el trabajo de auditoría y que con esta normativa no existía problemas, porque es legal que la administración tributaria lo haga. Sin embargo, apuntó que la Resolución general N° 29, que derogó la primera y modificó las reglas, limita la posibilidad de desempeñarse como auditor externo, ya que impone condiciones que son prácticamente imposibles de cumplir.
Además, señaló Ruoti, le da más valor a la estructura que tienen los auditores y no a la experiencia y capacitación, por lo que pareciera que está diseñada a que solamente un selecto grupo de auditores, de los más grandes, que son cinco o seis, puedan realizar el trabajo. “La resolución 29 viola la Constitución Nacional”, enfatizó.
La Dra. Ruoti también dijo que este no es el único inconveniente con la SET, ya que también se tiene problemas con la devolución de los créditos fiscales a los exportadores y no cumple con las disposiciones judiciales.
Antecedentes
La auditoría externa impositiva fue reglamentada por la Resolución general N° 20/2008, pero en junio del año pasado fue derogada por Resolución general N° 29, estableciendo nuevas reglas para la inscripción de los auditores al registro de la SET.
Esta modificación generó el reclamo de los gremios de contadores y empresas auditoras, porque consideran que los requisitos establecidos violan la ley y la Constitución Nacional.
Esta controversia terminó en los estrados judiciales, los profesionales presentaron una acción de inconstitucionalidad y están a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
Los contadores y auditores, mientras aguardan el fallo, realizaron la semana pasada una manifestación solicitando la derogación de la resolución 29 y la destitución de la viceministra Marta González Ayala.