“Hace cuatro años que intentamos que el funcionariado de Senavitat entre dentro de la matriz salarial y no lo conseguimos. El año pasado se consiguió la aplicación de la matriz, pero como se vetó el presupuesto del 2017, quedamos nuevamente sin dicha aplicación. Este año aplica la matriz pero en un fórmula distinta. Ella cambia la fórmula y comienza a bajar los salarios nominales. De siete compañeros bajó bastante. Es una situación arbitraria e ilegal”, explicaron.

Los denunciantes dijeron también que en Senavitat ni siquiera hubo dictamen de Asesoría Jurídica sobre este caso y que las autoridades de la cartera se basaron en una consulta dirigida a Función Pública no vinculante, que no se debía aplicar de manera general, sino que lo correcto debió haber sido un análisis caso por caso.

Según añadieron, se trata de “una persecución contra los funcionarios antiguos, porque ella (la ministra) metió cualquier cantidad de funcionarios nuevos con sueldos altísimos. El trabajo hacen los antiguos y los salarios y cargos los ocupan los nuevos”, se quejaron.

Por su parte, la ministra Núñez respondió ante una consulta de nuestro diario que no hubo ninguna ilegalidad en la decisión tomada, ya que para Senavitat, lo que hubo fue un recorte de plus que tenían en cargos de confianza, que hoy ya no ocupan. “Lo que hacemos es aplicar las normativas en función a la Ley 1626 de la Función Pública. Tenemos un dictamen de la Secretaría de la Función Pública y eso es lo que ellos (los denunciantes) discuten, pero yo no puedo apartarme de eso. Ni ahora ni nunca”, aseveró.