“Vender productos falsificados, de dudosa procedencia y sin comprobantes no solo es un hecho ilegal sino delictivo”, afirma el director del Grupo Penta SA, Jorge Mendelzon, al explicar por qué solicitan la intervención de distintas instituciones del Estado para afrontar esta situación que afecta hace más de 15 años al Shopping Mariscal.
En una nota dirigida a la Comandancia de la Policía Nacional, a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, al Ministerio de Industria y Comercio, a la Subsecretaría del Estado de Tributación (SET), la Dirección Nacional de Aduanas y a la Fiscalía, manifiestan la inquietud con relación a la permanente presencia de vendedores ambulantes. Indica que estos “colman las veredas adyacentes al shopping, ofertando productos de dudosa procedencia, en abierta y desleal competencia para con nuestros locales comerciales que son fuente de trabajo formal para muchas personas”.
Agrega que los locales que trabajan en el centro comercial venden productos legales y pagan sus impuestos municipales y nacionales conforme lo determinan las normas y reglamentos que rigen las actividades comerciales del shopping.
Mendelzon señala que la empresa Penta SA, propietaria de dos shoppings y del Centro de Convenciones Mariscal López, en 2016 pagó en concepto de impuestos G. 4.400 millones a la SET, a la Municipalidad de Asunción y de Mariano Roque Alonso, por lo que exigen que se respeten los derechos de la empresa que hoy están violentados. “Esperamos que las autoridades se hagan eco del problema porque no puede ser que libremente vendan donde quieren un producto falsificado y que nadie diga nada”, criticó.
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El empresario recordó que anteriormente hubo intervenciones aisladas de la Municipalidad y del MIC, por lo que momentáneamente los vendedores salieron del lugar, al cual regresaron al retirarse los inspectores.
Mendelzon contó que en las encuestas que realizan a sus clientes, lo primero que resalta es la molestia al ingresar al shopping por la cantidad de vendedores que los acosan, y que en ocasiones llegan a ser hasta 40 personas. “Ya es momento en que las autoridades se pongan los pantalones largos y se tomen medidas contra un ilícito como este”, añadió y sugirió que los vendedores vayan a la cárcel. “Cuando uno comete una ilegalidad, reprimir es la solución, y mandar a la gente a la cárcel; la Justicia debe ser para todos en este país, no solo para algunos”, sostiene.