Stanley aclaró que la denuncia sindical es falsa, aunque reconoció que se trata de unos 3.000 expedientes, que no están “varados” o atrasados, sino que están siendo declarados en estado de abandono, teniendo en cuenta que no han abonado las tasas de adecuación o no han registrado sus poderes.

En relación a las fuertes expresiones de la directora de la institución, el sindicato, presidido por Óscar Colmán, “solicita firmemente” como gremio que la alta funcionaria demuestre y asuma a qué negociado de funcionarios se ha referido. Además, le pregunta qué medidas ha adoptado en su carácter de responsable de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual sobre el o los casos, si existieren, a los efectos legales correspondientes.

“Apoyamos la modernización que encara el Gobierno nacional en esta institución, pero con la condición de que lo haga con la transparencia real de las autoridades en cargos de turno, no de fachada y a través de acusaciones temerarias”, subraya el Sifudinapi.