El contralor Enrique García viajó a España la semana pasada y regresa en estos días, pero sin que la institución a su cargo haya divulgado los motivos oficiales del viaje. Ayer solicitamos a la oficina de comunicaciones de la Contraloría la agenda del funcionario en ese país, y quedaron en enviarla, pero al final no lo hicieron.
El sospechoso viaje de García se da en un momento en el que se aguarda que conteste el traslado de Tribunal de Cuentas respecto al recurso interpuesto por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para adjudicar la APP del aeropuerto, justamente a una empresa española.
La intervención de Contraloría en el proceso
La Contraloría es el único obstáculo que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona, para adjudicar la APP del aeropuerto al consorcio Sacyr-Agunsa.
Enrique García y sus auditores emitieron en abril de este año un dictamen que recomienda cancelar la licitación que estaba a un paso de ser adjudicada al consorcio en cuestión.
El dictamen fue el informe final de una auditoría hecha a pedido de legisladores a todo el proceso, justamente por la denuncia de que iba a ser adjudicada a una empresa cuyos antecedentes de múltiples procesos judiciales en España, Panamá, Chile y Colombia violaban el pliego de bases y condiciones, así como la misma ley que regula los proceso de contratación vía alianza público-privada (APP).
La Contraloría comprobó que efectivamente Sacyr posee esos antecedentes que le impiden ser adjudicado, y así también constató que el Ministerio de Obras Públicas le favoreció con dictámenes “a medida” para que pudiera seguir en carrera.
Como la Ley Orgánica de la Contraloría en su artículo 16º dispone que sus recomendaciones y dictámenes son de cumplimiento obligatorio, el MOPC no puede adjudicar la licitación sin antes anular el informe.
Fue así que terminó recurriendo al Tribunal de Cuentas a través de una acción de nulidad contra el dictamen de la Contraloría.
El MOPC dice, entre otras cosas, que la Contraloría “se extralimitó en sus funciones” y que “evaluó cuestiones de ingeniería que no son de su competencia”.
Contrariamente a lo que dice el MOPC en su escrito, las observaciones hechas por la Contraloría a todo el proceso tienen que ver con cuestiones jurídicas y no de ingeniería, como argumenta el Ministerio.