CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). Pérez Fernández fue acusado por la muerte de su secretario Robert Barúa Sosa (28 años), quien murió de un tiro en la cabeza el 10 de octubre de 2014. En esa oportunidad, el aduanero se desempeñaba como jefe de Resguardo de la Aduana del puente de la Amistad, cargo del que fue apartado ese mismo día. No obstante, el titular aduanero Nelson Valiente volvió a designarlo el día 22 de mayo pasado, en este caso como subjefe de la Aduana del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
La fiscal Patricia Aquino, titular de la unidad 9 del Ministerio Público de Ciudad del Este, a cargo de la investigación, explicó que tomó el caso a dos días de la fecha de acusación. Afirmó que se agotaron todas las diligencias y que todos los elementos de prueba apuntaban a un homicidio culposo, por lo que se cambió la calificación penal del hecho. La imputación fiscal fue por homicidio doloso, pero la acusación que presentaron fue por homicidio culposo, el primero considerado crimen y el segundo delito.
“Se cambió la calificación en base a todos los elementos de convicción obrantes, se realizaron todas las averiguaciones, se citaron a declarar a todas las personas que tuvieron conocimiento inmediato del hecho, se agotaron las diligencias y todas las pericias concluyeron en que fue accidental”, señaló la fiscala.
Aquino dijo además que como el Ministerio Público acusó por el delito de homicidio culposo tal como lo hizo la querella, la calificación habilita a que exista algún acuerdo con los familiares de la víctima. “Se presentó un acuerdo en el marco de la audiencia preliminar, entre familiares de la víctima y el acusado. La reparación consistió en el pago de una suma y una cuota de los menores huérfanos por un lapso de diez años. Con eso la defensa pidió la suspensión condicional del procedimiento y el juez le concedió”, explicó.
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La audiencia se realizó ante el juez penal de garantías Amílcar Marecos, hace un mes, que confirmó la suspensión de procedimiento en el caso. No obstante, el aduanero sigue atado a un proceso judicial y tiene todavía ciertas reglas de conductas que cumplir por el periodo de un año.