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La Procuraduría General de la República (PGR) debería ser la primera en intervenir ante un posible daño patrimonial perpetrado en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), presidido por Justo Cárdenas. Esa es la opinión en la que coinciden los senadores Eduardo Petta (ANR, disidente), Arnaldo Giuzzio (PDP) y el diputado Édgar Acosta (PLRA).
Sin embargo, la misma PGR dio su visto bueno para que, tras pagarle alrededor de US$ 40 millones a la empresa Cipasa por las 224.000 hectáreas de Antebi Cue (entre Concepción y Amambay), se le esté abonando hasta hoy “intereses moratorios”.
Si bien las tierras no sirvieron para la reforma agraria, el ente rural no pudo desligarse del pago por ellas, tras la Ley 517/95 de expropiación. Cipasa recurrió a la Corte y consiguió una inconstitucionalidad en contra del artículo 9 de dicha ley, que fijaba en G. 50.000 por hectárea el precio del inmueble, más intereses. Así, la Justicia dispuso en el año 2000 que el Estado pague diez cuotas de G. 21.597 millones, pero en la sentencia no se ordena el pago de los millonarios intereses, que podrían constituirse en un daño patrimonial para la institución.
“Todo lo que se refiere al cuidado del patrimonio es responsabilidad de la Procuraduría”, señaló el diputado Acosta el fin de semana y en el caso de que la PGR haya avalado pagos extra, sin haber de por medio una sentencia judicial que lo disponga, hay una responsabilidad compartida con el Indert, añadió. El senador Petta coincidió en que el procurador debería tomar cartas en el asunto. El cargo es ocupado hoy por el abogado Francisco Barriocanal, hombre de confianza del presidente Horacio Cartes. Nuestro diario intentó conversar con él, pero no nos respondió las llamadas a su celular con número de terminación 297.
No obstante, según resaltó Acosta, en el caso de que la PGR no esté cumpliendo con su rol, la Contraloría General debería investigar el caso. “La Contraloría puede hacer un examen especial. Se hace un análisis desde el inicio del proyecto de ley (de expropiación), junto con todos los antecedentes. Ahí pueden determinar si efectivamente se hizo todo lo correcto en su momento, si correspondió desembolsar, como asimismo si corresponde el pago de intereses. Hay que tener en cuenta nomás que la Contraloría siempre llega después de que los hechos ocurren, pero la que puede parar esto ahora es la Procuraduría, que es la que se encarga de que no se hagan desembolsos que vayan en contra del patrimonio del Estado”, insistió.
Para el senador Arnaldo Giuzzio, este caso podría derivar en un proceso penal contra Cárdenas. “Desde un principio todo fue parte de un gran acuerdo político para delinquir: (El inmueble) no debía haber sido expropiado en su momento porque no sirve para la mentada reforma agraria, por lo tanto, no debería existir ningún pago solo para beneficiar a unos pocos privilegiados. Recordemos que se descubrió que aduaneros e hijos de políticos tienen allí tierras que utilizan para granjas. Al no servir para la reforma agraria, los campesinos vendían sus tierras, igualmente mal adjudicadas, al mejor postor, o sea se compró solo para que se utilice como inmobiliaria”, afirmó.
Agregó que se debe ver cuánta superficie pudo recuperar el Indert o si solo se continuó pagando al expropietario. “Si se descubre que hay pago indebido de intereses, correspondería un proceso penal por lesión de confianza y la participación de la Procuraduría debe ceñirse a la recuperación de las tierras del poder de quienes la ostentan”, puntualizó.
Según los datos, el Indert pagó en el 2015 la suma de G. 13.500 millones a Cipasa, en concepto de “intereses”. Hoy se está gestionando otro desembolso de G. 30.000 millones por el mismo concepto.