Pasaron 27 años de las masivas invasiones campesinas en el Norte del país y de las expropiaciones que sumaron unas 500.000 hectáreas de tierras entre Concepción y Amambay, una parte de ellas con la ley 517 promulgada el 24 de mayo de 1994, pero la situación campesina no mejoró en la zona, sino que benefició a la delincuencia y al crimen organizado, según datos del sector productivo.
El Indert confirmó ayer a nuestro diario que ya pagaron US$ 5 millones de “intereses” por Antebi Cue, tierras que no sirvieron para los fines de la Reforma Agraria. Pero además, el ente reconoce como “deuda” otros US$ 12 millones en el mismo concepto.
Tanto el exprocurador Roberto Moreno como el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, defienden el pago de intereses a la firma Cipasa, por Antebi Cue. Según dijo Cárdenas el fin de semana, las publicaciones de nuestro diario al respecto “están totalmente fuera de contexto”. “Te cuestiono tu voluntad para informarte, para transmitir la verdad”, afirmó.
Legisladores sostienen que tanto la Contraloría como la Fiscalía deberían investigar el expediente del Indert sobre el caso Antebi Cue. El inmueble había sido expropiado en el 95, no sirvió para la reforma agraria, y pese a que se terminó de pagar la indemnización al dueño, hasta hoy le siguen abonando “intereses” aparentemente espurios.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y la Procuraduría General de la República (PGR) tratan de justifican el pago de intereses por las tierras conocidas como Antebi Cue, expropiadas en 1995, y que, en gran parte no sirvieron para la reforma agraria. Alegan que la ley de expropiación establecía pagos por mora, pero esa ley fue recurrida ante la Justicia para establecer nuevo precio y esta instancia no fijó intereses.
El Indert usó fondos provenientes de la colocación de bonos soberanos para pagar G. 13.500 millones de intereses por las tierras de Antebi Cue. Se trata de un enorme inmueble expropiado en 1995 que no sirvió para los fines de la reforma agraria y por el cual el Estado ya pagó millones. Todo indica que los intereses no tienen justificación legal.