Un conocedor de las tierras de Antebi Cue, el doctor Felino Amarilla, sostuvo que el valor de mercado hoy en la zona es de unos 500 dólares como mínimo.
Las 226.000 hectáreas expropiadas por el Congreso Nacional a la familia Antebi en el año 1995 están ubicadas en la zona fronteriza con el Brasil entre los departamentos de Amambay y Concepción.
Según Amarilla, el precio del inmueble expropiado, que salió recién en el año 2000, luego de un litigio por determinación de precios presentado por la firma Cipasa, fue de 950.000 guaraníes la hectárea.
De acuerdo al informe elaborado por técnicos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ya en el 2008, luego de un relevamiento de datos, se detectó que aproximadamente 34.000 hectáreas de las tierras de Antebi Cue estaban en manos de personas no sujetas a la reforma agraria. Es decir, ocupantes ilegales, entre los que se encuentran políticos, empresarios, grandes ganaderos, comerciantes y otros, menos campesinos sin tierra.
En ese sentido, Amarilla aseguró que las 34.000 hectáreas que fueron detectadas con ocupantes ilegales en la zona de los asentamientos Rinconada, Bella Vista Poty y Toldo Cue tienen un valor mínimo de 500 dólares por hectárea.
Esto quiere decir que el total de las tierras halladas en situación ilegal valen más de 17 millones de dólares, alrededor de 65.000 millones de guaraníes.
En definitiva, ese es el monto en perjuicio del Estado paraguayo, indicó el abogado.
Recordemos que por las tierras de Antebi Cue el Estado todavía debe más de 107.000 millones de guaraníes, ya que se viene pagando en cuotas de 21.500 millones de nuestra moneda.
Imputación
El doctor Felino Amarilla coincidió en que tanto el abogado Alberto Alderete como el ingeniero Eugenio Alonso deben ser imputados por la Fiscalía de Delitos Económicos por lesión de confianza, ya que, como puede verse, el despojo al Estado es multimillonario y estas personas, especialmente Alderete quien recibió el informe en el 2008 durante toda su gestión se preocupó más de comprar las tierras de Teixeira, de 22.000 hectáreas, que recuperar las 34.000 que le corresponden legítimamente al Indert.
Dijo, además, que los presidentes anteriores del Indert también deben ser investigados, así como los funcionarios, especialmente los directores de las agencias departamentales del Amambay y de Concepción, que son los que deben saber exactamente a quién y cómo fueron adjudicados los lotes de Antebi Cue.
Amarilla dijo incluso que los responsables deben pagar con sus bienes los despojos al Estado, porque así lo establece la ley.
PERJUICIO FEROZ
"Los funcionarios del Indert responsables del multimillonario despojo al Estado deben pagar con sus bienes porque así dice la ley", dijo el Dr. Felino Amarilla, por las 34.000 hectáreas de Antebi Cue en manos de ocupantes ilegales que representan un perjuicio de más de US$ 17 millones.