Igualmente, esta situación generó que unos 1.000 puestos laborales se vieran comprometidos en el sector textil, lo que ocasionó graves perjuicios al trabajo de personas que están ligadas de manera directa al sector “especialmente mujeres, madres y cabezas de hogar, que buscan sostener sus puestos de trabajo para solventar sus familias”, sostiene el documento.

Para la AICP, el Gobierno paraguayo intentó expresar la voz de protesta e intentar encontrar una solución, sin lograr, no obstante, avances significativos para mejorar la situación.

De acuerdo con los antecedentes, las trabas argentinas para las confecciones paraguayas empezaron en 2008, con la Licencia Previa de Importación y se agudizó en 2012, con la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), dos medidas burocráticas impuestas por el gobierno de Cristina Fernández.

La evolución de la exportación de este rubro a la Argentina cayó drásticamente. En 2008, las exportaciones alcanzaban los 21 millones de dólares, mientras que el año pasado apenas se llegó a 8 millones de dólares.