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VILLARRICA (Pablo Gastón Ortiz, corresponsal). Actualmente, los directivos de la citada azucarera son acusados por los pobladores de Itapé como responsables de arrojar desechos industriales al cauce hídrico y provocar la mortandad de especies ictícolas registrada el martes pasado. La investigación penal está a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Contra el Medio Ambiente del Ministerio Público de Villarrica, que fue beneficiada con la donación de una camioneta de parte de la empresa en concepto de resarcimiento por la comisión de un delito ambiental anterior.
El caso se remonta al año 2012 y fue por la contaminación del aire a consecuencia del uso de abonos orgánicos en una parcela de caña de azúcar, en las cercanías de la compañía Lomas Hovy, del distrito de Itapé (Guairá). Se trataba de estiércol de gallina y cal que al mezclarse generó fuertes olores y además produjo una invasión masiva de moscas que afectaron a la población de la zona. La investigación estuvo a cargo de la entonces fiscala ambiental de Villarrica, Karina Escurra.
Inicialmente la fábrica se defendió explicando que el lugar de cultivo citado era propiedad de un directivo de la sociedad anónima, por lo que alegaron que la responsabilidad debía ser de una persona física y no de la empresa.
No obstante, la azucarera terminó por reconocer que cometieron un hecho punible para ser beneficiada con un criterio de oportunidad y con la extinción de la acción penal. En ese contexto, la empresa reparó el daño y además tuvo que realizar un resarcimiento a la sociedad, que consistió precisamente en la donación de una camioneta a la Fiscalía del Medio Ambiente de Villarrica, según confirmó el gerente de AZPA, Ing. Julio Boggino.
Las fiscalas
La actual fiscala del medio ambiente local, Martha Leiva, indicó que escuchó sobre el donativo, pero afirmó que no tenía la certeza de que era por alguna causa.
La misma se desempeñaba como fiscal de la Unidad Ambiental de Caazapá y la semana pasada fue reasignada a la de Villarrica. En tanto que la fiscala Karina Escurra fue traslada al Ministerio Público de San Juan Nepomuceno.