Al senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), imputado por el delito de declaración jurada falsa de bienes y rentas y desaforado en consecuencia, no le basta con chicanear en otras causas ni con haber sido auxiliado por un juez penal de la adolescencia en el caso de su presunto enriquecimiento ilícito. Ahora se lanza a amenazar a quienes se atrevan a revelar que tanto él como su esposa, Sandra McLeod, habrían delinquido cuando manejaban a su antojo la Intendencia Municipal de Ciudad del Este. En efecto, el legislador informó que denunciará al intendente Miguel Prieto y a altos funcionarios municipales por, supuestamente, coaccionar y extorsionar a otros funcionarios para que involucren al matrimonio en hechos ilegales. También intentará amedrentar, mediante el mismo recurso, a aquellos contratistas, proveedores y concesionarios, con “relación directa y alguna dependencia de la municipalidad”, que quisieran contar sus experiencias con las sucesivas administraciones de los acaudalados cónyuges.
Eso de que se estaría forzando a funcionarios municipales para que los incriminen no es nada nuevo, pues se recordará que la exintendenta había denunciado por tal motivo a la interventora Carolina Llanes. La intimidación fracasó, pues en el informe final aparecieron 32 ilicitudes perpetradas entre 2016 y 2018, entre ellas un desvío de fondos por más de 36.507 millones de guaraníes. Ironías de la historia, la Dra. Llanes integra la terna de candidatos a ministro de la Corte Suprema de Justicia, hoy en estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el jefe del ávido clan.
Por cierto, el actual intendente ya denunció a Sandra McLeod por las exacciones cometidas entre 2010 y 2015, con la creación ilegal de tributos en favor de los Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, que al final solo recibían una pequeña parte de lo recaudado. Prieto cumplió así con el art. 286 del Código Procesal Penal, que obliga a los funcionarios a denunciar los hechos punibles de acción pública, que conozcan en el ejercicio del cargo. Ese mismo deber lo tienen todos los funcionarios municipales, salvo que el senador de marras crea que la norma citada implica una “coacción y extorsión”. Ella concuerda con el art. 57 de la Ley N° 1626/00, que les ordena “denunciar con la debida prontitud a la Justicia ordinaria o a la autoridad competente los hechos punibles o irregularidades que lleguen a su conocimiento en el ejercicio del cargo”. Si no lo hacen, cometen una falta grave que puede acarrear su destitución, según los arts. 68 y 69 de la misma ley, sin perjuicio de que sean procesados por encubrimiento.
Las normas referidas no rigen para los contratistas, proveedores y concesionarios, también incluidos en sus amenazas. No tienen el deber de denunciar un hecho punible de acción pública, pero sí el de testificar sobre alguna fechoría cometida en la Municipalidad, cuando fueran requeridos por el Ministerio Público, so pena de cárcel por impedir que su autor sea condenado, según el art. 292 del Código Penal. Están obligados a colaborar con la Justicia, mal que les pese a los consortes. A propósito, el art. 185, referido a la extorsión, castiga a quien constriñe seriamente a otro, mediante la fuerza o la amenaza considerables, para que disponga de todo o parte de su patrimonio en favor suyo o de un tercero. ¿Qué tendría que ver este hecho punible, mencionado por el senador, con la supuesta intención de que funcionarios municipales lo incriminen falsamente? Más bien, podría encajar, eventualmente, en el marco de unas tratativas para vender bienes o servicios a la Municipalidad, a cambio de ciertas contraprestaciones. Pero más allá de estas conjeturas, lo que importa subrayar es que Javier Zacarías Irún está envalentonado tras el contubernio abdo-carto-llanista. Si el juez Marino Méndez le brindó su oportuna protección y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no se animó a suspenderlo por haber violado el art. 114 de la Constitución y el 53 de la Ley Orgánica Municipal, tiene razones para creer que también los funcionarios y los particulares que podrían sacar a la luz más de una corruptela del clan, se volverían más prudentes ante la nueva correlación de fuerzas.
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Quiere dar la impresión de que aún sigue mandando y de que, por tanto, puede contar con que la Justicia perseguirá a quienes osen mancillar el buen nombre del matrimonio. Está habituado, desde siempre, a la prepotencia pura y dura. Alguna vez tuvo el descaro de preguntar, en una conferencia de prensa, qué problema habría si manejara la Municipalidad durante treinta años más. Ahora estima que ha llegado el momento de volver a exhibir su talante de mandamás para asustar a quienes tengan algo que contar. Hay que admitir que sigue influyendo en el escenario político y que alguna habilidad tiene en materia de reacomodos. Fue un oviedista de la primera hora y hoy es un cartista entusiasta, tras haber sido un furibundo detractor del líder de Honor Colorado. Mañana podría volverse abdista, sin grandes dificultades.
Si confía en el respaldo que le pueda brindar indirectamente la nueva componenda, es de desear que los amedrentados no se amilanen ante la inaceptable amenaza del legislador, y que refieran ante el Ministerio Público y el Poder Judicial cuanto sepan acerca de las operaciones administrativo-financieras del clan. También es de esperar que la ciudadanía, en general, siga muy de cerca las derivaciones de la desembozada intimidación. El combate contra la corrupción requiere valor cívico y moral, y los esteños ya han demostrado con creces que lo tienen.