A mediados de febrero pasado, tras una reunión realizada en el Ministerio de Hacienda entre autoridades de la cartera y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la representante del banco multilateral en nuestro país, Florencia Attademo-Hirt, afirmó que los recursos del préstamo siguen disponibles, a pesar de la suspensión de las obras del metrobús. Señaló que la decisión de cómo utilizar esos fondos depende exclusivamente del Gobierno Nacional y que el banco no presentaría objeciones en caso de que se decida cambiar el proyecto.
En la ocasión, al ser consultado sobre el tema, el ministro de Hacienda, Benigno López, respondió que estaban esperando una decisión final al respecto por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El ministro remarcó que hasta ese momento no había una definición sobre la continuidad o no del plan vial, por lo que no se podía avanzar en la concreción de otro destino para el citado crédito. Ello no obstante, el MOPC ha adelantado que tiene la intención de utilizar el dinero sobrante para obras complementarias diversas, no solo las relacionadas con el fallido proyecto del metrobús propiamente dicho, como la regularización del tramo de la ruta Mariscal Estigarribia y la avenida Eusebio Ayala, intervenido por los desprolijos trabajos de la defenestrada contratista Mota Engil. Se pretendería también remover estructuras originalmente programadas para estaciones de embarque y desembarque del metrobús, que tras su cancelación, obstaculizan más bien el tránsito automotor, sirviendo, de paso, como depósito de chatarras de vehículos abandonados por sus insensatos propietarios a lo largo del trayecto.
Al parecer, otro destino visualizado por el MOPC es utilizar el remanente de fondos para financiar obras complementarias de ampliación de la Ruta N° 9 (Transchaco). Lo concreto es que actualmente el MOPC está negociando la rescisión del contrato de adjudicación del tramo microcentro del cancelado proyecto metrobús, irresponsablemente adjudicado por la anterior administración a favor del consorcio conformado por la empresa local DC Ingeniería S.A. y la uruguaya Stiler S.A., al que se le anticiparon US$ 3 millones, que debe devolver dada la cancelación del contrato por un total de G. 134.579 millones.
Luego de una sarta de ambiguas declaraciones de las autoridades del MOPC en cuanto al empleo a dar al remanente del crédito en principio otorgado por el BID para el metrobús y la reconversión del casco urbano de la Capital, finalmente el ministro Arnoldo Wiens –en entrevista con ABC TV– anunció que ¡se dejó sin efecto el proceso de rescisión del mencionado contrato con el consorcio DC Ingeniería y Stiler S.A.! Explicó que, con el acuerdo del BID, se ha rediseñado el tramo en cuestión con base en un nuevo proyecto que contempla un par binario (una calle de entrada al microcentro y otra de salida). Agregó que ahora la idea del MOPC es planear la dinámica de transporte sin perjudicar a los frentistas, y que, entre las alternativas que se barajan, están el teleférico y el monorriel.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
A estar por las declaraciones del ministro, aparentemente el MOPC ha decidido implementar solo la construcción del tramo I. ¿Y lo demás que tenía a su cargo la constructora portuguesa Mota Engil y que culminó en un estruendoso fracaso? Todo da a entender que se pasará a las calendas griegas, con la lírica referencia al monorriel o el teleférico. Un absurdo total, desde todo punto de vista, pues no tiene sentido construir solo el tramo final, dejando de lado los más de 11 kilómetros que componen los tramos II y III, malogrados por la administración del exministro Ramón Jiménez Gaona –y sus adláteres–, quien hasta ahora no ha sido llamado por el MOPC para dar cuenta del chanchullo del metrobús, aunque fue convocado últimamente por el Congreso sobre el caso. Este desastre se vislumbró desde muy temprano y lo advirtieron técnicos y la prensa, pero el Gobierno de Horacio Cartes lo llevó adelante, con las consecuencias ya conocidas. Ahora, con la chapucería con que se están contemplando las posibles soluciones, con peligrosos remiendos de incierto final, el remedio puede ser peor que la enfermedad.
La conclusión obvia que puede sacarse de la llamativa decisión del ministro Wiens –con aprobación de las autoridades del BID, muy comprometidas también en este desastre que debe soportar el contribuyente–, es que, a como dé lugar, tanto las autoridades del MOPC como las del organismo crediticio planean gastar el remanente del despilfarrado préstamo. Las primeras, para favorecer al consorcio anticipadamente adjudicado con el contrato para la construcción del tramo I; las segundas, para invertir en nuevos contratos de consultoría y fiscalización, rentables fuentes de recaudación para los involucrados.
Por tanto, se tiene la impresión de que en este río revuelto hay indicios de que pescadores inescrupulosos buscan ganancias indebidas. Más de diez meses han transcurrido desde la cancelación del contrato a Mota Engil y, sin embargo, no hay resultados de auditorías de gestión en el ámbito del MOPC. Llamativa omisión que apunta más a obstruir la investigación de los hechos antes que a su esclarecimiento. De resultar esto cierto, estaríamos ante el mismo escenario de impunidad que nuestro cuestionado sistema judicial garantiza a legisladores y personajes políticos poderosos incursos en sonados casos de corrupción que han desfondado las arcas públicas. Mientras no se esclarezca lo que ha ocurrido y los responsables reciban la sanción que corresponda, hace pensar que seguir con el proyecto solo puede involucrar una componenda mayor que, como siempre, tendrá como víctimas a los contribuyentes.