La Contraloría General de la República está realizando una auditoría de la gestión que tuvieron al frente del Instituto de Previsión Social (IPS) el ministro de Hacienda, Benigno López, y los miembros del Consejo de Administración Jorge Brítez, Luis Fleitas Bogarín, José Jara, Carlos Morel y Juan Torales, este último aún en el cargo. Fue solicitada por el mismo titular de Hacienda, lo que significa que no teme que las conclusiones lo incriminen.
Por de pronto, la Contraloría pidió al IPS un informe detallado sobre las licitaciones y contrataciones hechas en 2017 y 2018, así como a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) otro sobre las “licitaciones que fueron objeto de protestas y sustanciadas” en el mismo periodo. Como el hermano del Presidente de la República presidió el Consejo de Administración desde 2014 hasta 2018, la directora de Control Gubernamental de la Contraloría, Gladys Fernández, aclaró que si los auditores creen necesario “ir para atrás o adelante, se irá generando un nuevo requerimiento”.
Es de desear que así sea, pues es improbable que solo en esos dos años se hayan cometido corruptelas, a vista y paciencia del síndico de la Contraloría, y que ni antes ni después haya nada que valga la pena investigar. Se trata de un examen de gestión, de modo que deberá ocuparse no solo de las eventuales malversaciones, sino también del puro derroche y de la mera ineficacia. Para ello, es preciso que el órgano interviniente actúe con plena independencia, sin someterse a instrucciones de nadie ni buscar, a toda costa, condenar o absolver al actual ministro.
Dado que las experiencias de los últimos veinticinco años hacen suponer que podría inclinarse a “blanquear” la gestión de quien ejerce un alto cargo, es de recordar que el hoy contralor Camilo Benítez no fue designado como subcontralor por el Poder Ejecutivo, sino por la Cámara de Diputados, de una terna de candidatos propuestos por la de Senadores, según manda el art. 281 de la Constitución. No está subordinado al presidente de la República, precisamente para precautelar su autonomía frente a quien dirige la administración general del país. Por igual razón, dicha norma dispone que quienes integran la Contraloría “durarán cinco años en sus funciones, los cuales no serán coincidentes con los del mandato presidencial”. Son inamovibles y solo pueden ser removidos por la comisión de delitos o por mal desempeño, mediante un juicio político. Más aún, el art. 5°, inc. c), de la Ley N° 276/94 impide que sea contralor o subcontralor quienes estén comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el presidente o el vicepresidente de la República.
Desde el punto de vista normativo, el contralor Benítez tiene suficientes garantías para obrar según su leal saber y entender, sin considerar ni el color partidario ni el parentesco entre Mario Abdo Benítez y Benigno López. Todo dependerá de su temple y de su honestidad para que la ciudadanía sepa cómo se han administrado en los últimos años los aportes de los asegurados.
Es mucho lo que está en juego en este caso y la Contraloría debe hacer uso de todas las facultades que le otorga su ley orgánica. Si de la auditoría de gestión resulta que en el IPS se delinquió, debe denunciar el hecho ante la Justicia ordinaria y el Poder Ejecutivo, según surge del art. 9°, inc. g). El art. 10 dispone el obligatorio suministro de los informes solicitados por la Contraloría, “so pena de incurrir en encubrimiento en los casos en que se comprobaren ilícitos”, en tanto que el 20 le permite pedir a un juez el allanamiento de domicilios, locales, depósitos, u otros recintos, con el auxilio de la Fuerza Pública. No podrá invocarse el carácter secreto de ciertos asuntos para negar la información requerida, dice el art. 40. Cabe insistir en que la Contraloría está respaldada por la Constitución y la ley para que sus funcionarios realicen un análisis exhaustivo e imparcial del desempeño anterior y actual del Consejo de Administración del IPS.
Quien hoy lo encabeza ha mostrado estar más dispuesto que su antecesor, Enrique García, a transparentar el patrimonio de quienes ejercen una función pública. Dio a conocer hace poco las últimas declaraciones juradas de bienes y rentas del ministro de Hacienda y del presidente del Banco Nacional de Fomento, Daniel Correa, a pedido de los mismos. Pero la iniciativa resulta inútil, porque será imposible comparar los datos con los que corresponden a las anteriores declaraciones juradas para determinar si sus respectivos patrimonios tuvieron un aumento acorde con sus ingresos y, en caso contrario, denunciar el hecho al Ministerio Público o al órgano jurisdiccional competente. De acuerdo al art. 104 de la Carta Magna y a su larga carrera en el sector público, Benigno López tuvo que haber entregado declaraciones juradas al asumir y al abandonar diversos cargos. Antes de presidir el Consejo de Administración del IPS y de ocuparse de la cartera de Hacienda, fue funcionario y miembro del Directorio del Banco Central, de modo que habría varias comparaciones que hacer.
Por de pronto, es de esperar que el contralor Benítez imparta rigurosas instrucciones a sus auditores y que se tenga en cuenta, entre otras cosas, que el 31 de octubre de 2017 la DNCP se alarmó ante “la forma tan holgada como el IPS transgrede principios fundamentales de contrataciones públicas” para que la firma Bullers SA actualice, amplíe y mantenga el sistema integrado de videovigilancia. Debe recordarse también que el 23 de febrero de 2018 el Consejo de Administración adjudicó un contrato a dos empresas de limpieza que habían sido sumariadas por la DNCP por violar un contrato en perjuicio del IPS. Estas dos perlas corresponden a la gestión de Benigno López, así que no sería nada raro que aparezcan otras en el curso de una auditoría que debe realizarse con todas las de la ley para que la ciudadanía no tenga la impresión de que se le quiso blanquear para dar el gusto a su hermano, el Jefe de Estado, aunque este no lo haya pedido.