La Justicia al servicio del clan

La fuerte influencia que tiene el clan Zacarías Irún en la política, en la Justicia y en otros ámbitos del desenvolvimiento del departamento del Alto Paraná, en especial en su capital, Ciudad del Este, se manifiesta de diversas maneras. Nuestro diario publicó recientemente una foto que muestra al juez penal de Adolescencia Marino Méndez y a su esposa, la funcionaria judicial Noelia Guadalupe Rojas, cerveceando con el diputado Justo Zacarías Irún y otros miembros del clan. La podredumbre de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná, muchas veces denunciada por el Colegio de Abogados del departamento, es causa y efecto de la corrupción tentacular. Si allí mandan los traficantes de narcóticos o de divisas es también porque desde el Gobierno local la Justicia fue envilecida por un grupo familiar encabezado por un opulento personaje que confesó no haber pagado nunca el impuesto a la renta personal. Lo que se viene advirtiendo en el este del país, con suma claridad, refleja el sometimiento del Poder Judicial a los dictados de los mandamases, en el marco de unas relaciones económicas y personales nada desinteresadas.

La fuerte influencia que tiene el clan Zacarías Irún en la política, en la Justicia y en otros ámbitos del desenvolvimiento del departamento del Alto Paraná, en especial en su capital, Ciudad del Este, se manifiesta de diversas maneras. Nuestro diario publicó recientemente una foto que muestra al juez penal de adolescencia Marino Méndez y a su esposa, la funcionaria judicial Noelia Guadalupe Rojas, cerveceando con el diputado Justo Zacarías Irún (ANR) y con su esposa y hasta hace pocos días colega Rocío Abed (ANR), así como con la hija de ambos, Natasha Zacarías, y con la hermana de la exdiputada, la agente fiscal María José Abed. La ilustrativa imagen también muestra a Juan Ortiz Pierpaoli, el concuñado del legislador que, por cien mil dólares, vendió al juez suspendido en el cargo un dúplex que sigue a su nombre.

Quien prevaricó en favor de la exintendenta Sandra McLeod y del senador Javier Zacarías Irún (ANR) solo sería el dueño formal de una propiedad ubicada en Luque. En abril último la hija de Justo le hizo un giro para arreglar una motobomba, según el jefe del poderoso clan, pues sería el “administrador” del condominio que integra el dúplex, aunque el art. 254 de la Constitución le prohíba ejercer otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica a tiempo parcial.

Por cierto, a la ciudadanía le interesaría conocer las declaraciones juradas de bienes y rentas del juez Marino Méndez, ex defensor público e integrante de la terna para cubrir una vacancia en el Tribunal Itinerante de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná. La superintendencia compete a la ministra de la Corte Suprema de Justicia Gladys Bareiro de Módica, quien en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se opuso primero a que el juez esteño sea procesado. Llamativas coincidencias.

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La foto referida evidencia que este indigno juez tuvo motivos económicos y personales para prestar un servicio a la exintendenta y al exasesor ad honorem de la Municipalidad, violando la Carta Magna y la ley. Resume con elocuencia los estrechos lazos que unen a la judicatura altoparanaense con el voraz clan, hoy más que nunca relevantes para asegurar la impunidad de sus miembros en las causas que se están tramitando precisamente en Ciudad del Este.

No debe creerse que el juez penal de Adolescencia sea allí un “rara avis”. Durante casi dos décadas los hermanos de marras controlaron la Intendencia o la Gobernación y hoy son legisladores del partido oficialista, cuyos principales sectores han logrado hace poco una componenda. Es presumible que sean varios los jueces y magistrados que les deben alguna ayuda, tanto para acceder al cargo como para mantenerse y ascender en la administración de “Justicia”. Ellos no necesitarían incurrir en un burdo cohecho activo agravado para que la vara se tuerza en su propio beneficio o en el de sus allegados. Hasta se podría preguntar, por ejemplo, si todos los jueces de la capital del Alto Paraná estaban o están al día con el pago de tributos municipales o si alguna vez fueron multados por infracción de tránsito. Hay una y mil maneras de influir en las decisiones judiciales, mediante el poder político y económico que tuvieron y aún tienen los Zacarías Irún. Si pudieron contar con la excelente predisposición de Marino Méndez, también pueden confiar en que varios de sus colegas se comporten de igual modo.

Dos nombres han salido a la luz en este nauseabundo contexto: el de María del Rocío Gossen, miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia, y el de Aniceto Amarilla, miembro de la Cámara de Apelaciones en lo Penal. La primera, ex secretaria general de la Municipalidad bajo la conducción del hoy senador, y exesposa de Justino Caballero, accionista de una empresa junto con el matrimonio Zacarías Irún-Abed. Asistió en 2013 a la asunción al cargo de gobernador de Justo, y admitió que desde hace más de veinte años siente “un cariño muy especial” por el clan, aunque ello, aseguró, no afectaría su independencia. Una fotografía la muestra sonriendo en compañía de los afamados hermanos y de sus respectivas cónyuges, así como en la de la funcionaria judicial Margarita Zacarías Irún, investigada por enriquecimiento ilícito. Gossen busca ser confirmada en el cargo que hoy ejerce, en tanto que Amarilla, que en 2012 fue precandidato a diputado por el movimiento liderado por Javier, forma parte de la Cámara en la que desde el 3 de abril acumula polvo el pedido de prisión del senador chicanero, porque habría instigado la comisión del delito de lesión de confianza.

Los habitantes del Alto Paraná, empezando por los de su capital, nada deben al nefasto clan, pero en la función pública son muchos los que sí tienen razones para sentirse bastante agradecidos. Las causas que involucran a sus integrantes están siendo tramitadas en Ciudad del Este, de modo que es comprensible que cuenten con la condescendencia de los juzgadores. Es improbable que alguno de ellos se inhiba de atender los casos por “tener amistad que se manifieste en gran familiaridad o frecuencia de trato” o por “cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia”, al decir del art. 50 del Código Procesal Penal. A esos casos se suma ahora la denuncia penal formulada por el intendente Miguel Prieto contra el matrimonio Zacarías Irún-McLeod por presunto cobro ilícito de unos 2.000 millones de guaraníes en concepto de tributos.

La podredumbre de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná, muchas veces denunciada por el Colegio de Abogados del departamento, es causa y efecto de la corrupción tentacular. Si allí mandan los traficantes de narcóticos o de divisas es también porque desde el Gobierno local la Justicia fue envilecida por un grupo familiar encabezado por un opulento personaje que confesó no haber pagado nunca el impuesto a la renta personal.

Lo que se viene advirtiendo en el este del país, con suma claridad, refleja el sometimiento del Poder Judicial a los dictados de los mandamases, en el marco de unas relaciones económicas y personales nada desinteresadas. Marino Méndez no es el único juez que está a las órdenes de los que se burlan de la “gente común”. Los ciudadanos y las ciudadanas deben manifestarse con firmeza y perseverancia contra los políticos poderosos que cuentan con fiscales y jueces propios.

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